José Antonio de Lardizábal Oriar y Arza

Director de las Reales Fábricas de Armas de Placencia en 1753 y director de Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en 1768, cargos que desempeñó hasta 1779, emprendió un programa de reformas en el sistema industrial de Soraluce-Placencia de las Armas durante el reinado de Carlos III

JOSÉ ANTONIO DE LARDIZÁBAL Y ARZA

José Antonio de Lardizábal Oriar y Arza era natural de Villafranca de Oriar, en la actualidad es Ordizia, Guipúzcoa, donde nació en 1724. Pertenecía al linaje nobiliario del Señorío de Oriar y del Señorío de Arza de Lazcano. Era el primogénito de seis hermanos cuyo padre era Juan Francisco de Lardizábal de Oriar y de Elorza, señor de la Casa solariega de Oriar y regidor de Villafranca de Ordizia, y cuya madre era Magdalena Eulalia de Arza y de Altube, señora de la Casa solariega de Arza. El hecho de ser el primer varón nacido de sus hermanos le convirtió en el legítimo y único heredero de los títulos señoriales con sus respectivos mayorazgos de sus padres, de acuerdo con la legislación foral guipuzcoana.

Siendo joven marchó a Madrid junto a sus hermanos Francisco Javier y Domingo Ignacio, donde recibieron una formación académica costeada por sus padres. Se relacionaron con algunos aristócratas guipuzcoanos que servían en la Corte de Felipe V, quienes hicieron de tutores y promocionaron sus carreras: Andrés de Otamendi y Esteban de Abaria e Imaz, que procedían de su misma villa natal, Villafranca de Oria.

Andrés José de Otamendi y Aramburo era miembro del Real Consejo del Despacho del rey y su secretario en el Real Consejo Supremo de la Cámara de Castilla. Representaba a la Provincia de Guipúzcoa en la Corte y al Consulado de San Sebastián en varias instituciones de Madrid, y era caballero de la Orden de Calatrava.

Esteban José de Abaria e Imaz era miembro del Real Consejo de Indias, miembros de su Real Audiencia, miembro de la Real Casa de Contratación de Indias, con nueva sede en Cádiz, y también caballero de la Orden de Calatrava.

Ambos consejeros guipuzcoanos consiguieron formar parte de proyectos empresariales de origen guipuzcoano que necesitaban la aprobación de la Corte, como la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que monopolizó todo el comercio con la Provincia de Venezuela, en el Virreinato del Perú; y también en la Real Compañía mercante de La Habana, que contaba con una importante participación vasca en su accionariado. Además de accionistas, eran representantes de los intereses de su provincia en la Corte.

Además, pertenecían a la Real Congregación de los Naturales y Oriundos de las Tres Provincias Vascas, bajo la advocación de San Ignacio, hermandad religiosa a la que pertenecía los vascos que residían en Madrid. Desde esta institución y a través de los vascos que servían en la Corte se fue estableciendo una extensa red de influencias de poder, reparto de cargos administrativos y emprendimiento de negocios.

CONGREGACIÓN VASCA DE SAN IGNACIO EN MADRID

Por tanto, la posición en la administración cortesana de la que disfrutaban Otamendi y Abaria les permitió funcionar como una especie de embajadores de los guipuzcoanos en la Corte y promover a sus familiares, vecinos y socios en las estructuras de poder de la Monarquía borbónica.

Gracias a su relación de apadrinamiento por ambos consejeros, los Lardizábal tuvieron una esmerada educación, pudieron conocer el funcionamiento interno de la administración cortesana y desarrollaron una exitosa carrera burocrática y empresarial. Más tarde, tras haber demostrado su lealtad y confianza hacia sus tutores, figurando entre sus albaceas testamentarios.

Francisco Javier de Lardizábal Oriar y Anza, nacido en 1728, fue secretario del Real Consejo, secretario de la Embajada española en Lisboa, y miembro del Tribunal de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Domingo Ignacio de Lardizábal Oriar y Anza, nacido en 1731, fue empresario en el Virreinato de la Nueva España, que alcanzó una gran fortuna en sus negocios y un reconocimiento social.

Los tres hermanos Lardizábal fueron nombrados caballeros de la Orden de Santiago en 1766, tras haber probado la nobleza de los linajes de sus cuatro abuelos (Lardizábal, Arza, Elorza y Altube).

REALES FÁBRCAS DE DE ARMAS DE PLACENCIA - SORALUZE

Las circunstancias familiares de José Antonio de Lardizábal propiciaron que no desarrollase una carrera burocrática en la administración Borbónica ni en los negocios de las Indias, como lo hicieron sus hermanos segundones. Al ser primogénito, en 1753, tuvo que regresar a Villafranca de Oriar para ocuparse de la gestión de los mayorazgos familiares que heredó.

Aquel año de 1753, fue nombrado director de las Reales Fábricas de Armas de Placencia, en sustitución de su padre. Era un complejo industrial del que formaban parte números de talleres artesanales distribuidos por la Provincia de Guipúzcoa, especialmente en la cuenca del río Deva, y la parte más occidental del Señorío de Vizcaya, pero con sede central en la villa Plasencia, actual Soraluze-Placencia de las Armas, y que reunía varios gremios armeros en el proceso de fabricación.

Su mayor auge productivo lo tuvo en los siglos XVI y XVII, ante las crecientes necesidades armamentísticas que tenían los Reales Tercios de Infantería involucrados en sucesivas guerras, en la defensa de las posesiones territorial de la Monarquía de los Austrias en Europa. Ya en el siglo XVIII, el complejo industrial de Plasencia estaba en decadencia productiva y sufría una obsolescencia de sus técnicas. Sería Lardizábal quien debía emprender un programa de actualizaciones y reformas del sistema productivo, basadas en las nuevas ideas de la Ilustración.

El plan de modernización del Ejército de Carlos III estableció una homologación técnica de los fusiles y pistolas que se fabricaba en Soraluce. Así, se fueron introduciendo modificaciones en las características de las armas, hasta su regulación definitiva, en 1759.

El Consejo de Guerra adquirió un compromiso de rescate a las Reales Fábricas mediante una mayor contratación armamentística. El año en que Lardizábal accedió a la dirección, se formalizó un contrato de armas entre el Consejo de Hacienda y la Compañía de Caracas, que llevaba implícito una renovación del sistema de control de los gremios y talleres. Otra de las decisiones adoptadas por la Corte fue ofrecer apoyo financiero y mayor contratación a la industria de Mondragón, cuyo acero era considerado una excelente materia primera para la elaboración de armas.

Una sucesión de contratos de fabricación por parte de la Corte consiguió un auge productivo y una estabilidad laboral de los gremios y armeros de las Reales Fábricas. Cuando terminó el contrato de abastecimiento de armas por parte de la Compañía caraqueña en 1768, se volvió a prorrogar el compromiso, manteniendo las condiciones contractuales.

SEDE DE LA COMPAÑÍA DE CARACAS EN LA GUAIRA EN VENEZUELA

Aquel año de 1768, la junta de accionistas nombró a José Antonio de Lardizábal como su director de la Real Compañía Guipúzcoa de Caracas.

En la década de 1770, se fueron incrementando los contratos y la capacidad productiva del complejo de Soraluce. Entre 1775 y 1777, los pedidos extraordinarios con la Corte tuvieron fueron destinados a arsenales y fuertes de los virreinatos españoles de América: Tierra Firme, Puerto Rico, Margarita, Perú, Chile, Santo Domingo, Maracaibo; y también al Reino de Nápoles y Sicilia, territorios italianos en poder de Carlos III.

Debido a problemas de salud, en 1779, Lardizábal decidió abandonar la dirección de ambas empresas. Al frente de la Compañía caraqueña fue sustituido por su hijo mayor, José Antonio de Lardizábal y Olloqui, fruto de su matrimonio con María Ignacia de Olloqui y Hormaechea.