Debido a la continuada prosperidad de esta la nueva clase social que fue emergiendo durante el siglo XVIII, apareció la nueva ideología de la clase dominante conocida como el Igualitarismo. Los denominados oligarcas, que acababan de apoderarse de la tierra, intentaron acaparar los poderes locales e integrarse en los viejos linajes, en un proceso de aristocratización que conllevaba dos etapas:
1. La formación de la oligarquía de grandes propietarios de los centros de producción, acumulada en dos o tres generaciones. Estos oligarcas eran en gran número hijos y nietos de indianos que invirtieron toda la riqueza ganada en su lugar de origen después de hacer la Américas.
La ley del mayorazgo vascongado se basaba en el derecho castellano por el cual, un conjunto de bienes vinculados entre sí podían pasar al heredero, normalmente el mayor de los hijos, de forma que el grueso del patrimonio de una familia no se diseminaba, sino que sólo podía aumentar.
Como ejemplos podrían servir los fundadores de la Sociedad Vascongada Amigos del País. Xabier de Munibe, conde de Peñaflorida, heredero de 15 mayorazgos y 4 patronatos extendidos por las tres Provincias; Flíx María Samaniego, rico hacendado de Laguardia y heredero de tres mayorazgos en Tolosa; Manuel Ignacio de Altuna, Joaquín de Eguía e Idiáquez, Hurtado de Mendoza y Juintorrea, etc.
2. El ejercicio de poder de esta oligarquía en su propio beneficio, y restringiendo el poder a los demás, en su caso a las masas de campesinos y personal empleada en sus mayorazgos, patronatos y prebostes rurales principalmente.
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Estos nuevos propietarios de los centros de producción imponen décimas a los inquilinos de sus tierras y la realización de otros cargas señoriales como hacer carbón, vigilar sus viveros, plantar árboles, etc.
Las cargas señoriales, tanto directas (percepción de diezmos y rentas) como indirectas (privilegios fiscales) contribuyen a crear un clima de descontento que, en un período de crisis, con el odio atizado por la escasez y la miseria, servirá para dirigir la fuerza de la rebelión contra los beneficiarios de tales rentas y privilegios, que se verán endurecidos o amortiguados según el peso de las cargas señoriales.
De esta manera, la estructura económica de la sociedad vasca en el siglo XVIII corresponde a la de una sociedad dividida en diezmeros (perceptores de diezmos) y consumidores (campesinos). En base a esta estructura económica se organizó la superestructura jurídico-política y se establecieron los mecanismos de poder que garantizaron a la oligarquía el ejercicio de los cargos de gobierno.
Las restricciones legislativas puestas por la Hermandad Municipal ordenaban que la cualidad de concejal estuviese unida a la posesión de cierta riqueza y disponibilidades económicas.
La condición de vecino se vincula a cualidades nobiliarias, que pese a la generalidad aparente de que todos los ciudadanos eran hidalgos, estas cualidades debían probarse y ser acreditadas. Por eso si un vecino quería ser elegido deberá acreditar su origen familiar, siendo este proceso muy caro. Había que tener los ducados suficientes para entablar el proceso, pagar a los escribanos y a los informantes, acreditar cierto porte de vida, y hasta tener una cierta edad y autoridad sobre los demás.
Este mecanismo de poder "millarista", característico de la oligarquía, gobernó internamente las villas y ciudades de las Provincias Vascongadas desde el siglo XVII hasta mediados del XIX cuando se aplicó la Constitución liberal.
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| MUSEO DE BELLAS ARTES DE ÁLAVA EN VITORIA |
Este sistema de acumulación de poder económico, social y político fue descrito por escritores y cronistas, algunas veces criticado con dureza, como fue el caso del jesuita Larramendi:
"Aunque todos sean nobles, no todos pueden entrar en los cargos honoríficos de la república; para eso, además, son menester los "millares" que liarán, esto es, tanta hacienda, que haya de seguridad a la república para sanearse de los daños que puede causarle un mal cargohabiente."Según la Ordenanzas de las Hermandades, era imprescindible una cierta renta o capital en bienes inmuebles para ser elegido o poder elegir cargos.
En las Ordenanzas municipales de la Hermandad de Azpeitia de 1463, establecen que los cargos de la Provincia deben ser "buenos omes, ricos, e abonados", a comienzos del XVI Azpeitia tenía tres mil habitantes y a sus concejos abiertos acudían a veces más de trescientos hombres.
Estas ordenanzas reformadas en 1705, establecía:
"Que los electos para Alcalde y Fiel sean entre todos los vecinos más ricos abonados de la primera representación y autoridad y que los Regidores sean hombres principales, buenos cristianos, ricos y de experiencia."
Según el escritor Gurruchaga, en la Azpeitia de fines del siglo XV (cuando la oligarquía aún no estaba organizada) de 3.000 vecinos que tenía la villa, eran concejales 300 (un 10 %). En el siglo XVIII, con una población de cerca de 5.000 había únicamente de cuarenta a cincuenta "millaristas" algo menos del 1%.
En las Ordenanzas de Rentería, de 1606, con una oligarquía en formación ya se establece la cantidad de riqueza necesaria: "los alcaldes, jurados mayores, mayordomo y sindico poseyesen cada uno de ellos cien mil maravedis en bienes raíces".
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| CASA HORCASITAS EN BALMASEDA |
Para ser cargo elector y elegible en Elgoibar se requerían 500 ducados. En Tolosa "Se operaba una distinción entre los electores de cabeza entera (6.000 mrvs. de bienes raíces en el término jurisdiccional de la villa) y los de media cabeza (3.000 mrvs. si bien eran solo e1ectores, pero no elegibles)".
En el caso de Oñate, las Ordenanzas de 1762 disponían que para ser electo eran necesarios "500 ducados de vellón en bienes raíces en el distrito y jurisdicción de esta villa, libres de todo censo, deuda y gravamen, y qua no estén en concurso, ni privados de su goce y administración".
Según el historiador local Ramiro Larrañaga, Soraluze-Placencia de las Armas exigía en sus Ordenanzas, además de ser noble de sangre y de vida honesta, la condición de "millarista" (posesión de bienes suficientes) para ejercer cargo público.
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| PLAZA DE LOS FUEROS EN OÑATE |
El derecho a la "hidalguía universal" fue establecido por los reyes castellanos para todos los vizcaínos, por pertenecer a lugar y linaje conocidos, y tener sangre limpia sin ser contaminada por los invasores islámicos. Pero este tipo de privilegios que consideraba a todos los vizcaínos como nobles, no dejó de ser pura retórica, que nunca pasó a la práctica entre nobles y súbditos.
Lejos de existir una sociedad equilibrada de poderes y libertades, donde impase un Igualitarismo entre sus miembros por derecho de hidalguía, ocurrió todo lo contrario. Las diferencias entre los nobles y villanos se acrecentaron y agravaron más entre ambos estamentos sociales con respecto a otras jurisdicciones del Reino de España.
Con todo esto, así surgieron las machinadas, revueltas producidas durante los siglos XVII y XVIII, que tiene su origen en la actitud de las masas campesinas al final del Antiguo Régimen por las crisis de subsistencia ante la escasez de alimentos y la fuerte carga tributaria de los oligarcas locales.
Como en tantas partes de España y de Europa, solo los hacendados en inmuebles o heredades en tierras disponían de voto y de capacidad para ser elegidos gobernantes municipales o provinciales.
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| PLAZA MAYOR Y AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA |
