Machinada de 1804: Zamacolada

La última de las machinadas, en 1804, conocida como la Zamacolada, debe su nombre a su protagonista, Simón Bernardo de Zamacola. Fue uno de los últimos ejemplos de este enfrentamiento entre los jauntxos, aristócratas rurales, y los burgueses, en especial los bilbaínos. Esta revuelta, exclusivamente vizcaína, es la causa de la diferencias de intereses entre la burguesía mercantil de Bilbao y la aristocracia rural del Señorío.

Entre 1801 y 1804, se produjeron varios hechos que llevaron a la revuelta: las Juntas Generales de Vizcaya, liderados por Simón Bernardo de Zamacola propusieron la creación de un puerto en Olabeaga, es decir, fuera de Bilbao. Esto conlleva que los barcos no llegarían hasta el Arenal, en el centro mismo de la ciudad, resultado muy perjudicial para el comercio local.

En 1804, representantes de la Juntas Provinciales fueron enviados a las Cortes en Madrid, entre ellos varios ilustrados de la Sociedad Bascongada de Amigos del País. Allí obtuvieron la aprobación para la construcción de un puerto libre en Abando. En el mismo año, las Juntas aprobaron un proyecto de Servicio Militar Obligatorio para toda la provincia.

BILBAO, SIGLO XIX

Ante estas dos medidas, sucedieron revueltas en Bilbao, siendo apresados el corregidor de la Corona y las autoridades provinciales, apoderándose del depósito de armas de Abando. Los amotinados consiguieron que la Juntas revocasen el proyecto de Servicio Militar, pero en compensación acordaron pagar a la Corona un millón de reales.

Esta última medida impositiva fue la que provocó el estallido de las anteiglesias cercanas a Bilbao, en especial la de Begoña. El promotor de la idea tuvo que huir. Tanto el Ayuntamiento de Bilbao como la Diputación solicitaron al ejército el envío de refuerzos.

Con ello, el 23 de septiembre de 1804, dio comienzo la represión, condenando a los municipios tumultuosos y a la Villa de Bilbao a sufragar los gastos de manutención de las tropas desplazadas al mando del comandante Gabriel Álvarez de Mendizábal e Iraeta. Las Juntas Provinciales condenaron a los responsables con penas de prisión, con el cumplimiento del servicio militar, con el destierro o con multas.

ALDEANOS VASCOS, POR JOSÉ ARRÚE