Durante la Guerra de la Independencia española, el ejército francés era militarmente muy eficaz, pero muy mal organizado en cuanto a logística y financiación. Para solucionar los problemas de abastecimientos de sus tropas, Napoleón Bonaparte permitió el aprovisionamiento mediante el saqueo y pillaje de sus soldados en las sucesivas ciudades y pueblos que iban asediando. Aquellos militares no eran profesionales, sino ciudadanos franceses, revolucionarios y ateos, para los que la población civil española, absolutista y católica, también era su enemigo ideológico.
El 16 de septiembre de 1808, el ejercito napoleónico del general Cristhope Antoine Merlín sitiaba la ciudad de Bilbao para hacer frente a una sublevación a favor de la legitimidad del rey Fernando VII, y en contra de José I Bonaparte. Aquella defensa estuvo formada por cientos de vecinos armados, reforzados con algunas tropas regulares y vizcaínos llegados desde otras villas del señorío. Tras tomar el centro de la ciudad, Merlín permitió un brutal saqueo a todas las casas y comercios, donde esperaban proveerse de víveres, gracias a los cual muchos rebeldes aprovecharon para escapar por Abando y Deusto. Una licencia para saquear toda la ciudad durante 24 horas.
Bilbao quedaba totalmente devastada por el pillaje y el cañoneo de la artillería, y parcialmente despoblada hasta septiembre. Las tropas de Merlín habían llevado hasta el cuartel general de Miranda de Ebro buena parte del botín de guerra. Pero esta rapiña descontrolada iba a pasar factura a las autoridades que debían administrar la ciudad de Bilbao y la provincia de Vizcaya, pues encontraron que habían sido arrasadas.
El saqueo a la población civil del 16 de agosto fue seguido de imposiciones tributarias y de persecuciones a los líderes sublevados. El general Merlín exigió el pago de 8 millones de reales al Ayuntamiento de Bilbao, nombrado alcalde provisional al cónsul francés Lorenzo Francine, que ocupaba el cargo desde 1807. Este cónsul de Francia en Bilbao había intentado retener a sus compatriotas durante la batalla para poner a salvo a sus vecinos bilbaínos, así como a los civiles franceses rrsidentes en la ciudad. Pero los imperiales nspoleónicos no le respetaron, incluso le amenazaron y apartaron del camino con disparos. Según su compañero del cuerpo diplomático, el embajador francés en Madrid, Antoine de Laforest:
"Ni siquiera su consulado se libró del saqueo, pues se llevaron la caja."
Al menos, Francine pudo respetar todos los empleos municipales a sus trabajadores o dirigentes, designando nuevas autoridades que reemplazasen a los huídos.
Las personas sospechosas de haber participado en las revueltas de agosto fueron interrogadas, enjuiciadas y ejecutadas. El propio Napoleón exigía firmeza en el castigo de aquellos insurgentes mediante misivas al rey José I. Así, escribía a su hermano en una carta del 8 de septiembre:
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Las personas sospechosas de haber participado en las revueltas de agosto fueron interrogadas, enjuiciadas y ejecutadas. El propio Napoleón exigía firmeza en el castigo de aquellos insurgentes mediante misivas al rey José I. Así, escribía a su hermano en una carta del 8 de septiembre:
"Es preciso pasar por las armas a los cinco o seis individuos que han sido arrestados en Bilbao por el general Merlín, sobre todo a aquel que está designado en la proclama por el comandante general. Si no ejecutáis algunos actos con rigor, será cosa de nunca acabar... Bilbao, Vizcaya y Navarra deben mantener el ejército; sin esto ¿qué quiere que yo haga?"En otra carta del día 9, desde Saint Cloud, Napoleón añadía:
"Es necesario ejecutar, sobre todo, el desarme de toda Vizcaya (el País Vasco) y Navarra. Te recomiendo se hagan ejemplos severos con los rebeldes de Bilbao."El 1 de septiembre de 1808, confiscaron los conventos de San Francisco y el de capuchinos de Deusto, acusándoles que:
"... después de hacer de sus propios conventos el arsenal de los aprestos militares, arrastraron y condujeron algunos de los cañones a sus puestos, armándose otros de fusiles."Los principales líderes de la revuelta fueron procesados, y algunos consiguieron escapar. Todos sus bienes fueron embargados, y todos alegaban en su defensa que les obligaron a unirse a la sublevación o a firmar las proclamas independentistas.
José I envió al almirante bilbaíno José de Mazarredo y Salazar a su ciudad con el objetivo de establecer una nueva Diputación provincial y convocar juntas para el 26 de agosto. Cada municipio debía enviar a un representante, que además debía ser propietario de bienes raíces. Algunas villas se negaron a asistir, fueron las de Carranza, Trucios, Somorrostro, Gordejuela y Baquio, y fueron castigadas con multas de 300 ducados y posteriormente perdonados.
En su discurso leído a los junteros, Mazarredo trataba de advertir y persuadir a los vizcaínos:
"Estos males de aquí, y los incalculables que ha padecido y padece el reyno todo, vienen mucho del error en que se ha hecho caer a la opinión pública, excitándola a que prevalezcan ciertos sentimientos, ya inútiles, del corazón sobre la razón y la conveniencia. ... El emperador Napoleón es incapaz de cejar en la determinación de que su augusto hermano José Napoleón, a quien designó Rey de las Españas, se siente en el trono de ellas; ... y si la desgracia hiciese que llevada la resistencia a una devastación, repugnase el corazón de nuestro soberano reinar sobre cenizas y escombros, los exércitos franceses pasarían el Ebro, y toda su margen izquierda, esto es, toda Cataluña, casi todo Aragón, Navarra entera, Álava, Guipúzcoa y la tierra comprometida más acá desde el nacimiento del Ebro hasta Santoña serían parte integrante de Francia."
Este discurso es un esclarecedor resumen del pensamiento afrancesado y de las intenciones con los territorios españoles al norte del río Ebro. Sus objetivos básicos eran: reformas beneficiosas para el país; mejoras en la administración nacional; impedir el caos; preservar la integridad nacional; y la conveniente sumisión al poder superior del emperador.
Con estas contundentes razones, Mazarredo consiguió convencer a la Junta General del Señorío de Vizcaya para que aceptase a José I Bonaparte como señor de Vizcaya y rey de España y de las Indias. Los junteros tuvieron que aceptar también una serie de tributos y créditos sobre el alto clero y los propietarios de bienes de producción.
Otros afrancesados vascos también se dedicaron a convencer a las autoridades provinciales y locales de Vizcaya a someterse a la autoridad de los Bonaparte. Fue el caso del bilbaíno Mariano Luis de Urquijo y Muga, secretario de Estado y del Despacho de Carlos IV, refugiado en París, desde donde se dedicó a enviar cartas a diversas personalidades para convencerles que se doblegasen ante el rey José I.
TROPAS NAPOLEÓNICAS FRANCESAS |
El nuevo sistema fiscal napoleónico revertía el tradicional, pues estaba basado en gravar a las propiedades y no al consumo. Antes eran las clases bajas las que pagaban impuestos, y las poderosas las que quedaban exentas, pero con el nuevo al revés: la aristocracia, la alta burguesía y la iglesia deberían asumir la mayor presión fiscal.
El 18 de agosto, José I estableció una tasa agrícola extraordinaria del 8%, a pagar entre arrendatarios y propietarios.
El 21 de octubre, se promulgó un préstamo retornable de 6 millones de reales al 6% anual que deberían pagar a los 200 alaveses más ricos. Los 30 siguientes alaveses más acaudalados deberían aportar 60.000 reales cada uno, reuniendo 1.800.000 entre todos. Los 68 siguientes serían 20.000, debiendo reunir 1.360.000. Los 34 restantes a 13.500 reunirían los 459.000 reales restantes.
En Navarra fue peor, pues se exigió la entrega de 14 millones a las familias más opulentas y poderosas.
El 18 de agosto, José I estableció una tasa agrícola extraordinaria del 8%, a pagar entre arrendatarios y propietarios.
El 21 de octubre, se promulgó un préstamo retornable de 6 millones de reales al 6% anual que deberían pagar a los 200 alaveses más ricos. Los 30 siguientes alaveses más acaudalados deberían aportar 60.000 reales cada uno, reuniendo 1.800.000 entre todos. Los 68 siguientes serían 20.000, debiendo reunir 1.360.000. Los 34 restantes a 13.500 reunirían los 459.000 reales restantes.
En Navarra fue peor, pues se exigió la entrega de 14 millones a las familias más opulentas y poderosas.
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