Nicolás de Arriquíbar y Mezcorta

Jurisconsulto, comerciante y economista ilustrado, prior del Consulado de Bilbao y socio fundador y de mérito de la Sociedad Bascongada de Amigos del País. Su principal obra fue Recreación política, publicada en Vitoria en 1779.

NICOLÁS DE ARRIQUÍBAR

Nicolás de Arriquíbar y Mezcorta nació en Bilbao, Vizcaya, en 1714.

Jurisconsulto, comerciante y economista ilustrado, fue miembro de una conocida familia vizcaína, arraigada en Bilbao, estrechamente vinculada al Consulado y Casa de Contratación de la Villa y propietaria de un próspero negocio comercial especializado en la exportación de lana. Su niñez transcurrió en Bilbao y su formación guardó una estrecha correspondencia con la extracción comercial de su entorno familiar y social. Estudió para la cátedra de Matemáticas que mantenía el Consulado de Bilbao, aunque pronto se incorporó al negocio familiar.

En 1741, fundó en Madrid su propia compañía comercial llamada Arriquíbar y Compañía, dedicada a la comercialización de productos, al giro de letras, y la representación ante la Corte de diversos comerciantes bilbaínos. Pero su principal actividad era la exportación de lana a Londres, Ámsterdam y varias ciudades francesas, y la exportación de pescado y productos de consumo.

El rápido establecimiento y desarrollo de su negocio fue en parte gracias a emparentar con Ana Josefa de Mendieta y relacionarse con un restringido grupo de comerciantes, financieros y consejeros reales vascongados y navarros asentados en Madrid, como los Gorbea, Uría Nafarrondo, Uztariz, Muzquiz, Gardoqui, etc.

En la década de los 70 regresó a Bilbao, combinando su actividad empresarial con la participación en administraciones del Señorío de Vizcaya. Desde 1765 a 1769 trabajó de prior del Consulado. Defendió los intereses comerciales de Bilbao de los intentos de desviar el tráfico de la lana castellana hacia la ruta Burgos-Santander, la construcción del camino de Bilbao a Castilla a través de la peña de Orduña y la reedición de las Ordenanzas del Consulado.

Fue socio de mérito y benemérito de la Real Sociedad Económica Bascongada de los Amigos del País, principal organismo de la Ilustración vasca desde el reinado de Carlos III. Para esta institución redactó varios informes para el fomento de la industria manufacturera especializada en textil y en carruajes en la ciudad de Bilbao.

Durante los primeros años de la década 70, colaboró estrechamente con la sociedad para configurar una compañía privilegiada dedicada a salar, escabechar y enriquecer el pescado para su comercialización en el mercado nacional español. Su plan geminó mediante la fundación en 1775 de la Compañía de Pesca Marítima en las Costas del Mar Cantábrico, una empresa privilegiada que cerró seis años después, a pesar de contar con el patrocinio del gobierno de Carlos III.

Murió en Madrid el 28 de septiembre de 1775. En razón a los numerosos servicios prestados, la Sociedad Bascongada le dedicó un merecido "elogio póstumo" en el que destacaba su "genio profundamente calculador" y en palabras del conde de Peñaflorida su condición de "eminente político y comerciante".

Su busto está expuesto en la fachada principal de la Casa Consistorial de Bilbao, junto con el fundador de la villa y otros ilustres bilbaínos.

RECREACIÓN POLÍTICA DE NICOLÁS DE ARRIQUÍBAR

Su principal obra fue Recreación política: Reflexiones sobre el amigo de los hombres en su tratado de población, considerado con respecto a nuestros intereses, escrita en 1770 y publicada en Vitoria en 1779. La publicaron los Amigos del País que la utilizaron como lectura obligada de los socios. Está compuesta de dos grupos de cartas: el primero contenía once, dedicadas preferentemente a la agricultura, y fue redactado entre octubre de 1764 y octubre de 1765; el segundo constaba de siete, relativas a la industria, y fue escrito entre mayo de 1768 y mayo de 1769.

Está precedida de un Tratado de aritmética política, traducido del inglés por sus cuartas comisiones traducción de la Política Arithmetic de Charles d'Avenant. La obra es una respuesta contradictoria de las tesis de Mirabeau (padre) expuestas en su obra L'ami des hommes ou Traité sur la population. Aboga por la introducción de mejoras en la agricultura pero combate a los fisiócratas defendiendo la primacía de la industria.

Preconizó, Arriquíbar, el proteccionismo a la manufactura y la libertad interior del comercio de cereales, único medio de sostener una política de "pan barato" con la cual mantener la mano de obra necesaria para la industria. Para Arriquíbar, debían suprimirse los gravámenes a las materias primas y objetos de primera necesidad y debía ejercerse una fuerte imposición fiscal sobre los artículos de lujo:

"Se infiere incalculable el daño que nos han hecho las rentas provinciales en haber gravado la parte más útil de la nación, que son los pobres, en quienes estriban la agricultura y las artes mecánicas, pero no es menor el que nos han ocasionado con el favor hacia los poderosos y ricos, dejando casi exentas las cosas de superfluidad."

La Recreación política representa un buen ejemplo de la literatura económica que floreció en España tras la llegada al trono de Carlos III. El subtítulo de la obra Reflexiones sobre el Amigo de los Hombres en su tratado de población, considerado con respecto a nuestros intereses pone de manifiesto que el objeto era realizar un examen crítico del muy divulgado L’Ami des hommes, ou Traité de la population (1756-1760) del francés Victor Riquetti. La literatura agrarista francesa de mediados de siglo y, en particular, la proveniente de la escuela fisiócrata se hallaban en su máximo apogeo cuando Arriquíbar comenzó a escribir sus cartas. La resonancia que el libro de Mirabeau y otros similares empezaban a tener entonces en España le llevó a tratar de "examinar con imparcialidad sus proposiciones" y, sobre todo, a rebatir aquéllas cuya adopción sería, a su juicio, perjudicial para los intereses económicos españoles.

La idea principal de la Recreación política es la de que el origen de las riquezas no se hallaba únicamente en las actividades agrícolas, sino también en las industriales, porque un sector igualmente productivo y creador de trabajo. Más aún, Arriquíbar, haciendo uso de conceptos económicos muy modernos en su tiempo, como el modelo circulatorio de la renta y el multiplicador de la renta y el empleo, defendía que las posibilidades de crecimiento de la economía española no se hallaban propiamente en la agricultura.

Para Arriquíbar, la capacidad de expansión del sector agrario se veía seriamente limitada en razón a la rigidez de las necesidades de bienes de primera necesidad y, en particular, al difícil acceso que la agricultura española tenía a los mercados internacionales, debido a la falta de un mercado interior bien estructurado y al atraso en las vías de comunicación. Por el contrario, la industria era presentada en su libro como un sector más dinámico y flexible en cuanto a las posibilidades de consumo de sus productos y con más potencialidades en cuanto a su desarrollo futuro.

En defensa de esta estrategia de crecimiento, cuyos fundamentos conectaban no sólo con la omnipresente obra de Uztáriz en el siglo XVIII, sino con la vieja tradición industrialista defendida por diversas corrientes del arbitrismo español del siglo pasado, este ilustrado relacionaba la dependencia de la producción con respecto al consumo, defendía una actitud positiva hacia el lujo moderado y destacaba el papel económico dinamizador que debía desempeñar la ganancia individual.

Pero, para conseguir una recuperación de la economía española también el Estado debía reformar el sistema fiscal de rentas provinciales, practicar un moderado proteccionismo en el comercio exterior y realizar un conjunto de reformas liberales orientadas hacia el desarrollo industrial y distribución de la agricultura.

NICOLÁS DE ARRIQUÍBAR E IRURAC BAT

Las tesis de la Recreación política suponían una contraposición a las ideas económicas del marqués de Mirabeau, ya que su adopción resultarían demoledoras para la economía española. En cambio, sus críticas tenían muchos puntos en común con el mercantilismo tardío de fuerte tendencia liberal de autores como F. V. de Forbonnais, Plumard de Dangeul y otros economistas franceses relacionados con el influyente núcleo de V. de Gournay, opuestos a las ideas fisiócratas francesas.

Junto a su visión industrialista, muy relacionada con el perfil reformador de la Sociedad Bascongada, la obra de Arriquíbar destacó también en el conjunto del siglo XVIII español debido a la utilización de una metodología cuantitativa en el análisis de la economía española y sus posibilidades de crecimiento.

La notable difusión que consiguió la Recreación política de Arriquíbar en su época fue debido al uso de la aritmética política y métodos cuantitativos en el análisis de fenómenos económicos, influenciado por el tratado de Davenant traducido al español. Esta traducción constituyó uno de los ejes vertebrales de todo el pensamiento económico de la Ilustración española, desde Uztáriz hasta Jovellanos. Por eso, la Recreación política fue muy apreciado por Jovellanos, Alcalá Galiano, Anzano o Foronda, convirtiéndose en uno de los tratados económicos más significantes e influyentes del siglo XVIII español, sentando las bases del liberalismo e industrialización del siglo XIX.

Otra obra suya publicada al mismo tiempo fue Beneficios de tierras incultas. Labor del ganado vacuno. También tradujo a diversos autores sobre temas económicos.

El Barranco de la muerte, por Agustín Salinas Teruel

El Barranco de la muerte es una obra pictórica de Agustín Salinas Teruel, realizada en óleo sobre lienzo en Roma entre los años 1891 y 1892. Posee unas dimensiones de 380 x 502 centímetros. En la actualidad, se expone en el Palacio de los condes de Sástago sede de la Diputación de Zaragoza. Se inspiró en la historia medieval del Reino de Aragón, representando una contienda nocturna sucedida en las cercanías de Zaragoza.

Alfonso I el Batallador, no solo fue rey de Aragón, también lo fue de Pamplona entre los años 1104 y 1134. Aparece contemplando la matanza que efectuaron los almogávares contra las tropas musulmanas de Imad al-Dwla, gobernador de la taifa de Zaragoza, en 1118.

En primer plano se encuentra el rey de pie, respaldado por un grupo de soldados, contemplando a los cadáveres de los almorávides. Todo el conjunto produce un efecto tenebroso, creando una atmósfera vibrante y vigoroso.

Este enfrentamiento tuvo lugar en un barranco de los montes de Torrero, próximo a Zaragoza, poco antes de que Alfonso I sitiara esta ciudad y la reconquistarse para la Cristiandad, el 22 de mayo de 1118.

Esos vencidos formaron parte del Ejército almorávide que llegaban desde la taifa musulmana de Valencia para socorrer a la de Zaragoza durante el sitio. Con una hábil maniobra estratégica, el rey Alfonso I consiguió encerrarlos en el fondo del barranco, donde fueron atacados por sorpresa y aniquilados por los almogávares cristianos. Desde entonces, este lugar es conocido como el barranco de la muerte.

Guipúzcoa frontera terrestre y defensa litoral

Desde el primer momento de la Modernidad, Guipúzcoa asumió su colaboración en la defensa en función del auxilium regio, que obligaba a cualquier súbdito a ayudar a su rey y que Guipúzcoa supo utilizar para delimitar las capacidades de su gobierno, afirmando sus derechos y usos en relación estrecha con los servicios militares al rey dentro de unas competencias que adquirió la Provincia guipuzcoana en este terreno desde la Baja Edad Media y que se incluyeron en la recopilaciones de privilegios y ordenanzas de 1583 y 1696.

En realidad, el servicio militar al rey se entendía como un "deber político", unido al contexto medieval de servir como vasallos y al principio de la hidalguía universal, que afectaba a los descendientes de las casas solariegas autóctonas y que les obligaba a cumplir sin excusas con las obligaciones y compromisos militares propios del estamento privilegiado al que por su condición de hidalgos pertenecían. Sobre esas premisas se sitúa el esfuerzo militar guipuzcoano, que como es lógico tuvo momentos de particular intensidad.

Según el historiador Trucuelo García:

"Guipúzcoa estuvo, en especial en el siglo XVII, en continua situación de prevención de armas y de alerta ante la amenaza de invasión, lo que exigió un gran esfuerzo militar a sus naturales y permitió a la Provincia la continua revalidación de su lealtad y fidelidad al monarca a través de la incesante aportación de servicios en defensa de su territorio y de la integridad del propio Reino."

"Precisamente, el cumplimiento de esta obligación contractual de prestar auxilio militar fue determinante para Guipúzcoa pudiera definir, concretar y conservar sus prerrogativas de autogobierno en este ámbito y que éstas fueran expresamente reconocidas e incrementadas por el monarca (confirmando privilegios y protegiendo las costumbres, en reciprocidad a los servicios prestados, como se deriva de las propias relaciones de fidelidad), en un marco en el que el poder real tendía a acrecentarse y a destacar su carácter preeminente sobre el resto de poderes del agregado político del Reino."

MAPA HISTÓRICO DE GUIPÚZCOA

Ello dio lugar a un "reparto" de la responsabilidad militar entre el capitán general y la Provincia. Ante ella, la Diputación o ante la Junta General o Particular presentaba el capitán general designado por el rey su título de tal, que era aceptado sin dificultad y se comprometía a respetar sus atribuciones. Este militar mandaba en las fuerzas costeadas por la Corona de las plazas fuertes de San Sebastián, Fuenterrabía y demás presidios del territorio. Salvo cuando la Capitanía General estuvo unida al Virreinato navarro (con sede en Pamplona), el capitán general residía en Fuenterrabía hasta que en 1646 el general Juan de Garay la trasladó a San Sebastián. A través de esta autoridad, el Consejo de Guerra mantenía el control de unas guarniciones costeadas por la Corona cuyos componentes se alojaban en los presidios para evitar los problemas de convivencia con el vecindario, lo cual fue muy beneficioso para Guipúzcoa, ya que los únicos problemas que tuvo con las tropas reales fueron los que se derivaban de los tránsitos de tropas, lo cual fue una carga pesada por la posición estratégica del territorio.

Por su parte, la Provincia, gobernada por unas Juntas Generales, articulada por las corporaciones locales y con funciones militares, estaba capacitada para reclutar y organizar milicias provinciales defensivas y para negarse a hacer levas para los ejércitos reales sin mediar una petición real y previo pago del sueldo acordado. Es más, respecto a las tropas reales que transitaban por el territorio, la Provincia estaba facultada para designar unos comisarios que las acompañaran hasta salir de él. Los comisarios de tránsitos o comisario general tendrán una intensa actividad entre 1635 y 1641, consecuencia lógica de la guerra con Francia. La defensa de su propio territorio de invasiones extranjeras era una obligación que todos los guipuzcoanos aceptaban y constituía el medio principal de contribuir a los gastos defensivos de la Corona.

Pero, a pesar de que las competencias en ambos ámbitos estaban definidas, como en otros sitios también en Guipúzcoa hubo desacuerdos entre ellos, pues a las pretensiones del capitán general de extender su autoridad a las tropas milicianas, la Provincia replicaba reivindicando ante el rey el respeto al procedimiento establecido, es decir, por un lado, reclamando la capacidad de la coronelía para actuar sin dependencia de la autoridad del capitán general en el caso de la defensa del territorio propio, y por otro lado, que procediera el aviso, o sea, no ordenado, sino solicitando al rey o su delegado un servicio voluntario que la Provincia concedía. Este tipo de conflictos fue especialmente violento y frecuente con el capitán general Juan de Velázquez, a fines del siglo XVI.

García Truchuelo:

"Los problemas surgieron de varias cédulas del Consejo de Guerra, defensor a ultranza de la autoridad de sus generales, por las que los alcaldes ordinarios estaban obligados a cumplir las órdenes del capitán general en las levas de marinería; mientras el general ordenaba a los alcaldes guipuzcoanos la realización de las levas, encargaba a los vizcaínos los mismos reclutamientos. Esta sutil diferencia fue rápidamente contestada por Guipúzcoa ya que se minusvaloraba la autoridad de sus alcaldes ordinarios con relación a los de Bizkaia."

GUIPÚZCOA EN LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS

El rey vino a zanjar la polémica recomendando al militar el empleo del aviso. Era una decisión esperada, ya que con la concesión de privilegios y responsabilidades a la Provincia en el terreno defensivo podía liberarse de los altos costos que entrañaba el mantenimiento de una fuerza permanente y numerosa en aquel territorio.

Acudir a la llamada de las armas era una obligación aceptada sin discusión entre la población civil y afectaba a los varones naturales (incluidos los parientes mayores y menores, y los miembros de las órdenes militares) de entre 17 y 60 años de edad, que debían alistarse en caso de llamamiento de la Provincia o de los alcaldes ordinarios bajo la bandera de su villa o lugar. En consecuencia, el sistema hacía recaer sobre las corporaciones locales el peso del esfuerzo defensivo, pues ellas eran las que organizaban las milicias, nombraban a sus mandos, mantenían la disciplina y se ocupaban de su abastecimiento. Por encima de las corporaciones locales estaba la Provincia, que al recibir los avisos de la leva y armamento se reunía en asamblea plenaria (Junta General) o en una asamblea extraordinaria convocada específicamente para ello (Junta Particular) para adoptar las prevenciones oportunas.

La Provincia vio cómo su papel se fue reforzando a través de la Diputación de Guerra. Fue un reforzamiento no exento de tensiones y choques con los concejos, pero que se consiguió ejerciendo una supervisión sobre las milicias (lo que en el siglo XVII se denominaba la coronelía), de las que ella nombraba el cargo de coronel y sargento mayor.

El cargo de coronel era de especial relevancia, siendo designados para ocuparlo miembros de las familias más relevantes de la provincia, que habían conseguido un gran prestigio tanto en la propia Guipúzcoa como por sus servicios, particularmente militares, en Castilla. De hecho, en el siglo XVI recibieron este nombramiento individuos de las casas que en el medievo se habían denominado parientes mayores y que para entonces ya estaban plenamente situados en la oligarquía guipuzcoana y, por matrimonio, en la nobleza cortesana castellana. Además, los sargentos mayores también eran, por lo general, naturales de la provincia que se habían distinguido servicios militares y también nacidos en linajes distinguidos.

Los concejos eran quienes nombraban los mandos de las milicias concejiles y se dio una clara relación entre los que ocupaban los puestos concejiles y mandaban las milicias, pues la misma oligarquía que dirigía la vida municipal en tiempos de paz era la que dirigía la milicia llegada la levantada militar.

En los reclutamientos, la Provincia se resistía a dar por anticipado el número de hombres a aportar, alegando las dificultades que tenía por haber hombres faenando en el mar y trabajando en ferrerías. Indeterminación que posibilitó su rechazo en algunos momentos a las cantidades de hombres que le solicitaban y su preferencia por ordenar una levantada general y una vez efectuada notificar el número de naturales movilizado. En estos casos precedía así: la Provincia reunida en su Junta provincial o regional realizaba el llamamiento a la movilización fijando el número de soldados que debían reunirse y encargaba a cada localidad el reclutamiento de sus vecinos; el alcalde ordinario del lugar se encargaba de dirigir la leva, preparar armas y vituallas, realizar los alardes y supervisar el adiestramiento de los hombres de la milicia, de la que era capitán.

ALARDE DE IRÚN

Las condiciones a que debían ceñirse los alistamientos estaban contenidas en orden emitida por la Junta Particular reunida en Tolosa, el 25 de enero de 1559. Pero algunas corporaciones locales mostraron en ocasiones su disconformidad con la organización militar de la Provincia, llegando a provocar la intervención real como mediadora. Otra serie de dificultades se derivó de las protestas de las aldeas, que no cuestionaban su aportación humana y participar en los alardes, pero se quejaban de tener que trasladarse para hacerlos a las cabezas jurisdiccionales, solicitando hacerlos en sus respectivos lugares. Fueron unas demandas que se acentuaron en el siglo XVI con la esperanza que tenían las aldeas de escapar a la jurisdicción de las grandes villas. Algunas aldeas consiguieron ejecutorias reales dispensándolas de acudir a esos alardes si no estaban ordenados por la Provincia o el rey, lo que no impidió que la tensión siguiera aumentando, dirimiéndose las diferencias ante el corregidor y los tribunales reales, disminuyendo la conflictividad a partir de 1615, cuando bastantes aldeas vieron cumplidos sus deseos segregacionistas de las grandes ciudades por compra de los títulos de villazgo.

Por otra parte, la autoría de la Provincia fue muy cuestionada a fines del siglo XVI, cuando bastantes hidalgos y caballeros trataron de eximirse de la obligatoriedad de acudir a los llamamientos generales. No pocos de ellos intentaban levantar compañías a su costa y beneficiarse de las contraprestaciones (por lo general, rangos militares y los hombres correspondientes) que ofrecían los agentes reclutadores a aquellos que presentaban hombres y ofrecían dinero al servicio real. Con el apoyo del Consejo de Guerra, muchos de los agentes reclutadores (que pertenecían a las familias más linajudas de las comunidades locales) querían la confirmación de las exenciones de servicio en la milicia local para convertirla en un medio de diferenciación social, pese a la oposición de la Provincia, que veía en este proceder una forma de limitar sus capacidades y cuestionar el principio de hidalguía universal.

La guerra contra Francia en el contexto de la Guerra de los Treinta Años acabó con la milicia guipuzcoana dedicada exclusivamente a la defensa de su territorio, ante la presión de la Corte, cuyas necesidades militares se incrementaron, haciendo que Olivares elevara las exigencias de la Corona y ampliara las facultades del capitán general, de forma que la violación de las libertades y facultades de las corporaciones locales fue cada vez más frecuente e intensa, sobre todo a partir de 1639, y ello dio ligar a frecuentes tensiones con el monarca, que en tales situaciones invocaba la necessitas, es decir, su potestad para pedir auxilio a sus súbditos en caso de peligro, alegando que esas demandas estaban directamente relacionadas con la defensa del territorio: con tal proceder, entre 1636 y 1638 unos 11.700 guipuzcoanos fueron movilizados para defender a la Provincia y para actuar en el exterior.

BANDERA DEL TERCIO ZUMALACARREGUI DE GUIPÚZCOA

Cosme Damián Churruca y Elorza

Biografía de uno de los marinos más grandes de la historia de España, el brigadier guipuzcoano Cosme Damián Churruca y Elorza

Pedro de Zuazola

Secretario real del Consejo de Guerra del emperador Carlos V

ESCUDO DE ARMAS DE ZUAZOLA

Pedro de Zuazola era natural de Azcoitia, Guipúzcoa, donde nació a finales del siglo XV. Era señor de la casa de Floreaga, sobre la que fundó mayorazgo con su mujer María de Idiáquez, y patrono de la iglesia de Santa María la Real de su villa natal.

En 1512, trabajaba como escribano del Juzgado civil y criminal de la Casa de Contratación de las Indias, ubicado en Sevilla.

En 1518, fue nombrado secretario real del Consejo de Guerra por petición del emperador Carlos V, acompañándole en sus viajes por Alemania y Flandes. Los servicios prestados le valieron los nombramientos de caballero de la Orden de Santiago en 1523, y de la Espuela Dorada en 1531.

En 1533, Carlos V le concedió el mérito de añadir el Águila Imperial en campo de oro a su escudo de armas, y al de su mujer María de Idiáquez. Además, le hizo tesorero personal fijándole cien mil maravedies de salario.

En 1532, hizo testamento en Ratisbona, Alemania, muriendo en 1535, en Barcelona.
Tuvo entre otros hijos los siguientes:

Pedro de Zuazola fue caballero de la Orden de Santiago.

Juan de Zuazola fue caballero de la Orden de Alcántara, oidor del consejo real y después obispo de Astorga.

Francisco de Zuazola, fue oidor del consejo real, y fundó en Azcoitia un convento de monjas, el monasterio de Santa Clara, con dos mil ducados de renta.

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE AZCOITIA

Carta de Pedro de Zuazola, secretario del emperador Carlos V, al alcaide del castillo de Behobia, Hernán Pérez de Yarza, fechada el 27 de noviembre de 1520:

"Señor. Reçebi la letra de v. m. de XXII del presente y luego ley al señor Cardenal la que le escrivio, y Su S.R. le responde a ella, y por esto no sera necesario repetir yo sobrello. Las cosas de aca estan muy adelante, porque en esta semana esperamos que se dara batalla de parte de Sus Magestades contar estos sus deservidores, y esperamos en Dios que sera de nuestra parte, pues sienpre aconstumbra favorecer la justicia justificada, la qual de parte de sus Altezas ha seydo en tanto grado que no pudiera ser mas. Porque allende los conplimientos passados, agora el señor Almirante, que con buena yntencion fue a la Junta de Tordesillas, les ofrecio en paz y en amor todo lo que ellos pueden ganar con mal y con guerra, y los de la dicha Junta no han querido venir en ello, antes dizen que por fuerça y por sus manos, y no por medios agen."

CARTA DE PEDRO DE ZUAZOLA A HERNÁN PÉREZ DE YARZA

Estructura socio-económica vasca en la Baja Edad Media

Durante la Baja Edad Media, en las Provincias vascongadas surgió una nueva estructuración social como consecuencia, fundamentalmente, de la fundación de las villas y la configuración de su nueva población, con unos privilegios y con unas aspiraciones distintas de los hombres de la Tierra Llana.

Ante la crisis económica de la Baja Edad Media derivada de la pérdida de valor de su tierra, los parientes mayores buscaron nuevas inversiones en la actividad comercial y la fabricación artesanal de productos del hierro para afianzar sus rentas, así como participando en las rentas de la Iglesia. La violencia y uso de la fuerza y poder fue una nueva vía para fortalecer y ampliar su renta, creando grandes enfrentamientos como las Guerras de Banderizos.

La necesidad de fortalecer y ampliar su renta llevó a los Parientes Mayores a protagonizar frecuentes enfrentamientos a la sombra de los cuales crecieron algunos linajes nobiliarios. También la obtención de cargos reales o mercedes que repartía el señor de Vizcaya entre los linajes vascongados supuso nuevas rentas y cuotas de poder, entre las que comprendieron los oficios de prestamero (Lope García de Salazar), merino, alcalde de ferrería o cargos cortesanos como el de paje de la reina (Francisco Adán de Yarza).

Un ejemplo de poderoso linaje que perduró a través del tiempo gracias a los cargos reales y su importancia socio-política fue el Adán de Yarza. Pero Adán de Yarza y Juan Galíndez de Muxica fueron los alcaldes de villas de Vizcaya que negociaron el Fuero de 1342 con el rey Juan de Castilla y su esposa María. Después de varios siglos, en 1846, Mario Adán de Yarza, político liberal bilbaíno tuvo que acudir a la Junta General de abril de 1877 como diputado, junto con Benigno de Salazar, en la que acordaron rechazar la Ley de 21 de julio del mismo año que abolía los Fueros.

La nobleza gozaba de exenciones tributarias, a cambio de servir al rey o al señor. Eran propietarios de tierras y se beneficiaban de sus rentas, sometían a su autoridad, en la mayor parte de las ocasiones, al resto de los habitantes del Señorío y Provincias. Por otra parte, el Fuero Viejo les beneficiaba concediéndoles mayores ventajas que al resto de los "vizcaínos".

ESTRUCTURAS MEDIEVALES EN VILLAS VASCAS

Progresivamente fue apareciendo un tercer grupo de origen reciente: los habitantes de las villas; entre los que comenzaba a organizarse una nueva clase, la burguesía, como fruto de la actividad urbana.

Las villas fueron fundándose desde esos grupos comunitarios territoriales, principalmente a partir del siglo XIII, pero también XIV. Se constituyeron en concejos gracias a un fuero del rey, que articulaba los solares, garantizando su patronato territorial y poniendo en sus manos los derechos de patronato sobre la iglesia o monasterio del lugar. De manera que continuaron existiendo dentro de las villas los solares hidalgos propietarios tanto de sus pertenencias como de sus correspondientes derechos; incluso se daban casos en que los labradores hubieron de pechar al concejo a diferencia de sus propios parientes hidalgos.

Paralelamente, las comunidades de solares que no se constituían en villas fueron reformando la lógica del parentesco en el sentido de unificar sus solares, ponerlos bajo un único heredero y ampliar sistemáticamente su red doméstica de parientes y deudos escalonadamente fijados a su servicio. Estas comunidades extramuros organizadas por vínculos personales constituían una red parental y su escasa referencia al territorio se lograba únicamente con su vinculación al templo o monasterio del lugar.

A diferencia de estas comunidades de solares, las villas aforadas que vinculaban a las redes de intercambio de mercancías, ferias y mercados reforzaban cada vez más su influencia territorial concejil, siendo ésta la que iba mediando los intereses de los solares y ya no tanto las ataduras y alianzas personales dentro de la propia comunidad. Así se fue consolidando la villa aforada como centro de intercambio de personas y bienes, entre los cuales cobraban vigor los derechos y privilegios del vecindario en su conjunto. A ese nuevo espacio de derecho público privilegiado se fueron acercando innumerables aldeas rurales circundantes a las villas buscando una mejor seguridad jurídica en sus fueros, privilegios, libertades, y en una justicia más igualitaria que no emanara del linaje personal de su correspondiente pariente solariego. En el siglo XV, se fueron generando estos contratos entre aldeas próximas y estas villas aforadas.

SEÑORES FEUDALES VASCOS

En consecuencia, se diseñó bastante pronto una línea divisoria de intereses:

1. los solares hidalgos de la villa junto con los demás vecinos vinculándose con los derechos, libertades y privilegios del territorio concejil.

2. los solares hidalgos extramuros que vinculaban entre sí como fuente del derecho mediante la suma de parientes.

Los habitantes de la villa eran denominados hombres buenos. Poseían determinados solares relevantes por su patrimonio que intervenían en el seno de cada comunidad bien fuese para constituirse en villa aforada o bien para vigilar el cumplimiento del fuero dentro del concejo. Este núcleo de hombres buenos fue el inicio legal de la ocupación selectivamente minoritaria de los cargos municipales.

Los habitantes de extramuros fueron los llamados escuderos y caballeros. Eran gente de solares destacados en servicios personales al rey, militares fundamentalmente, que acudían a proteger sus fronteras con Navarra, Francia y otros lugares. También estaban incluidos los parientes mayores, de los Oñaz y bastantes otros bandos, quienes pretendían además ejercer dentro de las villas su función militar de protección, lográndolo en múltiples villas guipuzcoanas como Azcoitia, Azpeitia, Vergara o Mondragón.

LABRADORES Y GANADEROS VASCOS

Los profundos cambios sociales produjeron largos conflictos. Fueron especialmente crueles y devastadoras las Guerras de Banderizos, un conflicto entre los linajes de hidalgos que se unían a los Oñaz o las Gamboa, que se prolongaron durante los siglos XIV y XV.

Las luchas entre los hidalgos y los nobles fueron una manera de redistribuir los ingresos económicos, incrementaron la presión sobre los agricultores y atacaron a las villas que se estaban enriqueciendo. Como reacción contraria a la lucha entre nobles y bandos los pequeños nobles y los grupos de campesinos y habitantes de las urbes se crearon las Hermandades.

Con ayuda de la Corona, lucharon contra los abusos de los linajes, limitaron totalmente la influencia de los parientes mayores y fueron la base de las nuevas instituciones y la organización de las provincias. Para finales del siglo XV, se estableció la paz. Sin embargo, las guerras de bandos y las hermandades no fueron las únicas consecuencias de la crisis de la Edad Media tardía: la herejía de Durango, que surgió en el segundo cuarto del siglo XV y duró hasta el XVI y los conflictos que se generaron como consecuencia de la misma se deben situar en el mismo contexto.

PASTOR Y ALDEANA VASCOS

Batalla de Calatañazor

La Batalla de Calatañazor fue una supuesta batalla que habría tenido lugar en esta localidad soriana el verano del año 1002. En ella parece que Almanzor se vio obligado a huir tras luchar contra los ejércitos cristianos hispánicos coaligados por sus respectivos reyes: Sancho García de Castilla, Alfonso V de León y García II de Pamplona.

Sin embargo, la mayoría de los historiadores actuales consideran dicha batalla más un mito que un hecho real, probablemente creado para compensar el sentimiento de inferioridad que las continuas victorias de Almanzor produjeron en los reinos cristianos.

GARCÍA II SÁNCHEZ DE PAMPLONA Y ALMANZOR DE CÓRDOBA

De entre las fuentes cristianas, el cronista Lucas de Tuy fue el primero en narrar el encuentro de Calatañazor. Según él, después de una campaña contra Galicia, Almanzor se adentró en Castilla, saliendo a su encuentro el rey Alfonso V de León (y no Bermudo II, como escribió el cronista). Continuaba:

"...e en el lugar que se dize Calatanasor muchos millares de Sarrazines cayeron, et si la noche non cerrara el día, ese Almançor fuera preso. Enpero, en esse dia non fue vençido, mas de noche tomó fuyda con los suyos."

Al amanecer de un día de julio del año 1002, el rey leonés ordenó a los suyos que atacasen el campamento amirí, pero los cordobeses habían desaparecido, y todo el botín que capturaron se reducía a las tiendas de campaña y diversos enseres de escaso valor. Añadió el obispo historiador de la crónica que en la persecución de los mahometanos jugó un papel significante el conde García Fernández de Castilla (que llevaba siete años muerto, y en realidad fue su hijo Sancho García).

El prelado incorpora además el germen de una mítica leyenda, señalando que el día de la batalla, un extraño personaje, que identifica con un pescador, lloraba gimiendo, a veces en árabe, otras en lengua romance, diciendo: en Calatañazor perdió Almanzor el tambor. Para el cronista, este espejismo era el diablo que "llorava la cayda" de los moros. En cualquier caso, Almanzor se negó a comer o beber, muriendo al llegar a la ciudad de Medinaceli. La Historia silense sentencia:

"Pero, al fin, la divina piedad se compadeció de tanta ruina y permitió alzar cabeza a los cristianos, pues pasados doce años Almanzor fue muerto en la gran ciudad de Medinaceli, y el demonio que había habitado dentro de él en vida se lo llevó a los infiernos."

Rodrigo Jiménez de Rada y la Estoria de España de Alfonso X ofrecen una versión idéntica de los hechos, con la excepción del espectro que anuncia el próximo final de Almanzor se aparece en Córdoba.

CABALLEROS CRISTIANOS

Con respecto a las fuentes mahometanas, la versión más completa es la proporcionada por al-Maqqari, autor del siglo XVII que recopiló a numerosos historiadores medievales. Según éste, a comienzos de 1002, Almanzor se preparó, siguiendo su costumbre anual, para romper la frontera cristiana, dirigiendo sus ataques hacia Castilla. El arabista Lévi-Provençal apuntó como uno de sus objetivos el monasterio de San Millán de la Cogolla, que fue arrasado. Según el cronista, Almanzor ordenó que se sumara a su hueste un considerable contingente de tropas norteafricanas con las que se encontró, según lo acordado, en Toledo. Desde allí partió hacia la ribera del Duero, en cuyas proximidades causó estragos y cuyas tierras devastó. Remontando el curso del río consiguió poner pie en los dominios del conde de Castilla. Pero un enorme ejército cristiano le sorprendió acampado cerca del castillo llamado de las Águilas, en Calatañazor. Almanzor atacó esta hueste a la cabeza de sus propias tropas y fue derrotado, con grandes pérdidas.

De regreso de esta expedición, se sintió enfermo (quizá de una herida recibida en combate), pero continuó haciendo la guerra a los infieles y devastando su territorio hasta que la dolencia se complicó de tal manera que tuvo que ser transportado en una litera, sobre suaves cojines y cubierto por un baldaquino y cortinas que le protegían de la vista de su ejército. En tal estado llegó a Medinaceli, donde la enfermedad se agravó lo suficiente para provocarle la muerte la noche del 10 de agosto de 1002.

Sintiéndose morir, el caudillo de al-Ándalus pidió a su hijo Abd al-Malik que le recibiera para darle las últimas instrucciones. Cuando vio llorar a su sucesor, el agonizante Almanzor le reprochó su falta de valor con palabras que se convirtieron en realidad:

"Esta me parece la primera señal de la decadencia que aguarda al imperio."

CASTILLO DE CALATAÑAZOR

Teoría de la Guerra Justa por Francisco de Vitoria

Francisco de Vitoria desarrolló la teoría más elaborada sobre la guerra justa, o derecho de conquista, entre los tratadistas españoles de la Edad Moderna. Su relección De indis posterior se titula también De iure belli hispanorum in barbaros, que reunía sus ideas al respecto.

Según, Guillermo Fraile, en su Historia de la filosofía española, la importancia de esta obra es extraordinaria, pues constituye "la primera codificación del Derecho de guerra".

Ernest Nys, en el apartado La Droit de guerre es les précurseurs de Grotius, de la obra Revue de Droit International et Législation comparée, de 1882, coincidía en parecida valoración cuando escribió:

"No creo que en la historia literaria del Derecho haya nada comparable con las páginas que constituyen la doble disertación De indis, de Vitoria."

FRANCISCO DE VITORIA Y LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

El genial acierto de este autor está en parte de su punto de partida, según el cual considera a los indios americanos como hombres libres, es decir, ciudadanos de Estados libres y soberanos, con lo que equipara su situación a la de cualquier otra nación. Así, las conclusiones válidas para los nativos de América resultan igualmente aplicables a toda la comunidad internacional, de donde adquiere su doctrina el sentido universal que le aporta valor hasta la actualidad.

La base del pensamiento de Vitoria es la sociabilidad natural entre todos los hombres, que había destacado ya al tratar de los títulos legítimos de España al dominio indiano. Según dicho principio de sociabilidad, los hombres se agrupan en diversos tipos de organización (tribus, ciudades, estados), cuya convivencia interna está sometida a las normas del Derecho civil. Junto a éste permanecen inalterados e inalterables tanto los derechos naturales de todo hombre como el llamado Derecho de gentes para la convivencia internacional.

Ahora bien, este derecho de gentes exigiría para su mantenimiento un órgano de carácter universal que castigase a quienes rompieran sus normas. En este sentido, Vitoria no sólo es partidario de un organismo supranacional, sino que, con toda justicia, se le ha considerado como un precursor de la idea de la Sociedad de las Naciones, que únicamente tomaría carácter efectivo y práctico en el siglo XX. Pero en el siglo XVI, la Humanidad está muy lejos aún de una idea semejante, y Vitoria era consciente de ello; esto le llevó a aceptar la guerra como un hecho terrible que se hacía preciso regular por razones humanitarias, como pensaba Hugo Grocio, sino que tiene un carácter eminentemente jurídico de sanción, con el fin de mantener el Derecho y repararlo cuando se le ha infringido. Según este enfoque, la guerra no es sólo un hecho, sino un derecho absolutamente lícito, que en algunos casos se hace de todo punto necesario ejercer, mientras la Humanidad no disponga de otros medios.

Así, la guerra se convierte, bajo estos supuestos, en un acto de justicia vindicativa, ejercido por el príncipe de la nación ofendida; dicho príncipe se constituye en juez, al menos temporal o circunstancialmente. En dicha tesitura, la guerra sólo puede declararse bajo una serie de condiciones: autoridad competente; causa justa; y limitaciones en su ejecución.

Por lo que se refiere a la autoridad competente, quiere decirse que si la guerra es una sanción, ésta debe imponerse por una autoridad competente para ello, es decir, un juez que dictase sentencia e imponga condena. En el caso de dos naciones soberanas, al no existir autoridad superior por encima de ellas, Vitoria estableció que el príncipe de la nación ofendida queda ocasionalmente constituido en juez, para sentenciar, sancionar y restablecer así el Derecho. Es decir, que en tales ocasiones la nación agresora queda en situación de inferioridad respecto a la ofendida, lo cual era, por lo demás, doctrina común entre los tratadistas de la época. Báñez, hablando de ello, escribió:

"El soberano que ha inferido una injuria a otro queda, por razón de esta injuria, bajo el soberano ofendido, y, por consiguiente, el ofendido puede declararle la guerra, ya que no hay jueces superiores en lo temporal ante quienes pueda promover la causa."

RELECTIONES THEOLOGICAE, POR FRANCISCO DE VITORIA

Con respecto a la causa justa, Vitoria se supeditó a la doctrina tomista, la cual siguió en sus líneas generales, salvo en aquellos aspectos en que el alavés los rectificó, amplió o actualizó. Y aunque, no señaló los motivos concretos de casus belli, entre ellos son considerables los títulos que enuncia en la relación De indis primus como justificativos del dominio español en América. Por otro lado, lo que Vitoria hizo fue rechazar tres causas de guerra que muchos tratadistas de la época aceptaban:

1. La diversidad de religión no puede ser causa de guerra, ya que el no aceptar la fe cristiana no es injuria contra las naciones que profesan la misma; por el contrario, la fe es un acto libre de la voluntad y no puede jamás imponerse por coacción sin faltar con ello al mensaje evangélico.

2. El deseo de ensanchar el territorio tampoco puede ser causa justa de guerra, pues, de no aceptarse así, la guerra podría ser justa por parte de ambos contendientes, lo que contradice el planteamiento inicial por el que la nación ofendida queda erigida en juez de la situación; con esta doctrina, Vitoria rechazaba la posibilidad de justificar moralmente el Imperialismo y las guerras imperiales.

3. La gloria y el interés particular de un príncipe tampoco puede ser causa justa de guerra, como se desprende de las otras dos causas anteriores; en este aspecto, Vitoria desarrolló la teoría clásica según la cual no es la República para el rey sino el rey es para la República, y, por lo tanto, las únicas guerras admitidas deben ser aquellas que se declaren en provecho del bien común y se ordenen a éste; lo contrario sería convertir a los súbditos en esclavos y se ordenen a éste; lo contrario sería convertir a los súbditos en esclavos y al príncipe en tirano.

Vitoria hacía distinción entre guerras defensivas y ofensivas. Las guerras defensivas consisten en repeler la agresión injusta de que una nación es víctima. Estas no constituyen más que la manifestación colectiva del Derecho natural de la persona a la legítima defensa. La guerra ofensiva sólo puede emprenderse para reparar una injuria por quien tiene autoridad para ello, y tal caso se da sólo en una sociedad perfecta, "aquella nación a la que nada le falta… que es por sí misma una todo, o sea, no es parte de otra república, sino que tiene leyes, consejo y magistrados propios".

Por último, y en lo que se refiere a la tercera condición de toda guerra, compuesta por restricciones en su ejecución, Vitoria fue del todo consciente de la enorme limitación de las dos condiciones anteriores, que venían a constituir la teoría clásica de la guerra justa. Muy bien puede ocurrir que en una guerra justa venza precisamente el beligerante injusto, aquel que no tiene razón, pero también puede ocurrir lo contrario: que el ofendido se mucho más poderoso que el agresor, viéndose entonces tentado a sobrepasar el punto de una estricta reparación de la injusticia con lo que acumularía nuevos resentimientos y desequilibrios en la justa ordenación de las naciones.

ESCULTURA DE FRANCISCO DE VITORIA EN SALAMANCA

A la vista de estas posibles situaciones, Vitoria exigía a los príncipes que considerasen una posible limitación voluntaria de su derecho a la guerra: la primera de ellas, que ningún príncipe se lance a la acción bélica sin tener seguridad moral de la victoria, pues en caso contrario los perjuicios ocasionados al pueblo habrán de ser mayores que los beneficios; la segunda, que, aun siendo más poderoso que la nación agresora y teniendo la razón de su parte no se lance a una aniquilación del adversario, extralimitándose en la función vindicadora, sino que modere sus ímpetus y se autolimite en el ejercicio de su derecho, para no salirse del terreno estricto de la justicia. Naturalmente, el llevar a la práctica, como el propuesto por Vitoria, forzosamente había de resultar muy difícil para un poderoso emperador como el que regía los destinos de España para aquellos años.

Es probable que con la formulación de Vitoria no se pretendiese más que llamar la atención del monarca español sobre los problemas de conciencia que el descubrimiento de América y las guerras allí mantenidas debían plantear en cualquier persona inteligente y sensible de aquello momento histórico.

Vitoria se manifestó con indudable grandeza frente a tal coyuntura al recabar atención sobre los débiles e inferiores, para tratar de inclinar las acciones de los poderosos del lado de la justicia, pero Carlos V no fue indigno tampoco de aquellos intelectuales, tomando iniciativas y actitudes de generosidad y elevación.