MANTENIMIENTO DE LA FORALIDAD DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN


MANTENIMIENTO DEL RÉGIMEN FORAL EN LAS PROVINCIAS VASCAS

En el siglo XV, los ordenamientos jurídicos forales de las Provincias Vascongadas, a diferencia de los de la Corona aragonesa, no sufrieron con la unión de Castilla y Aragón.
Durante la guerra civil de Castilla del siglo XV, se formaron dos bandos que pujaron por la herencia del trono: de un lado, Isabel de Trastamara y Fernando de Aragón, y por el otro, Juana la Beltraneja con el apoyo de Alfonso de Portugal y Luis XI de Francia. Los vascongados apoyaron desde el primer momento a Isabel la Católica en la sucesión del reinado de Castilla y del señorío de Vizcaya, consiguiendo el reconocimiento de sus fueros, jurados solemnemente el 30 de julio de 1476 por Fernando, bajo la sombra del roble de Guernica.

Muy distinta habría sido la suerte de los vascos, y la de Isabel y Fernando, si estos hubieran estado del lado del rey portugués y no hubiesen sido aliados de la reina castellana y el rey aragonés, y no hubiesen detenido en Fuenterrabía al ejército de Luis XI. El hecho fue que los vascos fueron el apoyo más constante y decisivo, de Isabel y Fernando, en sus momentos más difíciles. Ello ayudó a que, conservando sus fueros, los vascos disfrutaran de eminentes posiciones de prestigio, poder y privilegio, desproporcionados a su población, a partir del momento cuando Castilla conquista Granada en 1492.
En el siglo XVIII, tras la guerra de Sucesión Española, los territorios de la Corona de Aragón pierden sus propias atribuciones forales, mientras que en los de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra los mantienen.
La mayoría de los nobles de la Corona de Aragón se decantó por apoyar a Carlos de Austria y quien venció fue Felipe de Borbón, el cual modificó los fueros de estos territorios por medio de un conjunto de normas legales denominados Decretos de Nueva Planta.
No se trataba de extender la legislación de Castilla a la de Aragón, ni de imponer una misma ley en toda la Corona de Aragón, sino de cambiar el fuero de cada uno de los reinos que componían esa Corona, introduciendo otro nuevo más adecuado a sus intereses políticos.
En Cataluña, el nuevo ordenamiento jurídico fiscal fue uno de los alicientes que encontraron los empresarios catalanes del siglo XVIII para desarrollar la industria textil, que se benefició, entre otras ventajas, de la legislación proteccionista que promulgó con este fin Felipe V.
En cambio, los fueros de Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava no sufrieron modificaciones, pues vital y decisiva importancia fueron los apoyos de estos territorios para la consecución de la victoria y alzamiento de Felipe V de Borbón en la sucesión regia por la corona española.
Aun así, Felipe V suprimió en 1717, todas las aduanas interiores de los territorios peninsulares, incluidos los de las tierras vascongadas y Navarra, pero restableció en 1722 las aduanas del Ebro. Y es que se hizo ver al rey, que el nuevo concierto aduanero desviaba el comercio, haciendo menor la recaudación impositiva en las fronteras exteriores de los puertos marítimos y fronteras pirenaicas, y por lo tanto iba en detrimento del Real Erario.
Hay que tener en cuanta, que no eran tierras ricas, porque aunque los puertos de Pasajes y Bilbao tenían mucha actividad económica, esta no era suficiente. En Vizcaya, Guipúzcoa y el norte de Navarra no se podía cultivar trigo, que era el cereal base de toda alimentación de los pueblos del occidente europeo. El trigo fue sustituido por el maíz, traído desde América.
Otra razón, para el mantenimiento de los fueros de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra fue el carácter que tenían de territorios fronterizos: las dos primeras con el mar Cantábrico y el último con Francia por los Pirineos. Los ejércitos medievales estaban formados por grupos nobiliarios, en las que los vecinos estaban obligados a tomar las armas como soldados, habían dado paso a un ejército permanente desde 1493, en el marco de la completa profesionalización del ejército español.

Pero esta profesionalización del ejército fue un proceso lento y costoso, que no se completó hasta el siglo XIX. Por eso, hasta este siglo, de las villas y ciudades vascongadas y navarras, continuaban saliendo los vecinos convertidos en soldados y los alcaldes en capitanes de guerra, por medio de levas, que eran organizadas acorde a los fueros municipales y provinciales de cada territorio, y el rey debía siempre respetar estas leyes forales.
Las gentes de estas tierras consideraban que tenían una obligación más gravosa que la de otras regiones, porque los privilegios forales y exenciones fiscales eran compensados con el mantenimiento de las fronteras del Imperio español: en caso de amenaza o cualquier otro tipo de necesidad militar, tenían que acudir en defensa de las fronteras.
Cuando desde la Corte real se pretendía imponer algún tipo de gravamen, vizcaínos, guipuzcoanos y navarros siempre alegaban en su defensa el soporte del peso mayor en la defensa de los territorios coloniales.
De hecho, en la península, el sistema de movilización de los vecinos con sus alcaldes como capitanes terminó por ser insuficientes, ante los acontecimientos de la Guerra de la Convención francesa, en 1793-1795, y fue uno de los motivos para que en 1796, el rey Carlos IV decidiera acabar con los fueros. Comenzaría por encargar un estudio sobre el origen de esas prerrogativas, presuponiendo la inexistencia de compromiso por su parte. Para demostrarlo, se publicaron los primeros volúmenes del Diccionario Geográfico-histórico de España de la Academia de la Historia, en 1802, en los cuales, de manera significativa, se pormenorizó lo que atañía al Privilegio de Contrato alavés, y a la anexión de Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, pero sencillamente se calló el juramento de Fernando el Católico de 1513.
En todo caso, alaveses y guipuzcoanos no renunciaron a la teoría pactista, más tarde se unieron los vizcaínos. De manera que Alonso Martínez tendría que recordar en el Congreso de los diputados en 1877, cuando se inició la liquidación final contra las prerrogativas de estas tierras, y el sistema liberal pretendió implantarse en toda España, que "el país vascongado cree que está unido a España en virtud de un pacto, vigente a sus ojos, y por consiguiente llama a la soberanía de las Cortes con el rey, soberanía paccionada,...". Solo que, en esta frase, había mucho más: se hablaba del país vascongado, como si fuera uno solo y no cuatro ni siete, y por tanto, de un solo pacto. Y es que por aquellos tiempos, la mitología foralista y el movimiento fuerista exponían, sin ningún tipo de rigor científico, los fueros como un pacto "originario" divino otorgado al pueblo vascón en la prehistoria.



VENTAJAS Y DEBILIDADES DE LOS FUEROS

Los fueros de las provincias vascas y del reino de Navarra, tan solo fueron instrumentos de gran eficacia para su prosperidad económica y control político, pero lejos de ser un símbolo y origen de sus soberanía, como ha quedado demostrado en diferentes momentos de sus historia.
 
Ocurría en ocasiones que los intereses jurídicos y políticos de los navarros, guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses, defendidos por sus representantes en la Corte de Madrid, chocaban con el obstáculo de los fueros y no tenían inconveniente en pedir que se eliminaran. Otras veces, ocurría que los intereses de los navarros en la Corte de Madrid, chocaban con los de los guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses a la vez, entre sí.
 
En las Cortes de Navarra, durante siglos, se había ido perfilando una política económica concreta, basada en:
- la libertad de la exportación de lanas, para hacer negocio en Francia
- la prohibición de exportar trigo, para asegurar el abastecimiento interno
- el establecimiento de aranceles altos en las aduanas, para grabar el precio de los productos que susceptibles de competir dentro del reino, como por ejemplo el vino de Aragón
 
Estas políticas económicas chocaban con los intereses de los guipuzcoanos, que carecían de trigo, y con los de los alaveses, a quienes no les sobraba el trigo y querían libertad de tránsito por Navarra para vender sus propios productos y para que encareciesen los que adquirían en Aragón, obligándoles a dar un rodeo por Logroño para evitar las aduanas navarras.
 
Por otra parte, los guipuzcoanos querían que las lanas navarras no pudieran salir directamente a Francia, sino que pasaran por la aduana de Tolosa, pagaran el impuesto correspondiente y se exportaran por mar, obligando de esta manera a utilizar el puerto de Pasajes, contratar a transportistas locales y fomentar la construcción de barcos beneficiando a los armadores, en lugar de hacerlo en Bayona.
 
Por eso, los navarros no renunciaban a la posesión que siglos atrás habían tenido, que era la salida al mar de Fuenterrabía, y de vez en cuando, lo reclamaban al rey de España.
 
Durante la Edad Moderna, las provincias vascas estaban todavía en vías de formación, pues eran aún un agregado heterogéneo, y muchas veces contradictorio, de comunidades locales que configuraban un "espacio político policéntrico formado por agregación". En muchas ocasiones las villas solicitaban el arbitraje o favoritismo de sus junteros locales que, a su vez tenían importantes cargos en la Corte de Madrid, para conseguir privilegios y favores fuera de la provincia, o para defender sus intereses frente a otras villas de la misma provincia.

Así lo relevan, por ejemplo, las solicitudes a secretarios reales establecidos en la Corte en 1583 para mediar en el conflicto entre las villas que pugnaban a favor o en contra del voto foral; o en 1608 y 1609, sobre las pretensiones de exención jurisdiccional del valle de Legazpia; en 1614 y 1615, por la villa de San Sebastián, para impedir la exención del puerto de Pasajes y la segregación de las casas de Urnieta.

Un ejemplo de intereses forales enfrentados entre diferentes villas, es el conflicto en torno a los intentos de exención jurisdiccional del valle de Legazpia con respecto a la villa de Segura en 1608 y 1609. Las dos partes opuestas habían buscado apoyos poderosos en la corte pero, finalmente, la provincia de Guipúzcoa se somete al arbitraje de Juan de Idiáquez, poderoso consejero personal del rey, a cuyo juicio se sometieron ambas partes y sus valedores en la corte.

La llamada "pax cortesana" mediante el arbitraje de un consejero o secretario real fue una importante, aunque poco conocida, herramienta de articulación política no institucional de villas y provincias vascas durante la modernidad.
 
El fuero, nunca fue el símbolo en el que se convirtió en los siglos XIX y XX, era tan solo un puro instrumento, tan eficaz que lo defendían a ultranza. Pero cada provincia defendía su propio fuero, aunque en su propio interés se perjudique al vecino. Los alaveses no tenían inconveniente en pedir al rey que obligasen a los navarros a permitir el libre tránsito de productos sin aranceles, los guipuzcoanos pedían al rey que toda la lana navarra se exportara desde puerto guipuzcoano y no desde uno francés, y los navarros insistían en que se les diera salida al mar, aunque fuese a costa del territorio guipuzcoano.
 
También, ocurría en ocasiones, que las aspiraciones provinciales para presionar a la Corte eran coincidentes.
 
En otras ocasiones, la acumulación de privilegios y derechos por parte de una villa, perjudicaba a las colindantes. Ejemplo claro de este tipo de situaciones es Fuenterrabía, cuyas competencias jurisdiccionales hizo extensivo a las otras villas: Irún, Lezo y Pasajes.
 
Fuenterrabía consigue durante los siglos XVI y XVII el privilegio de carga y descarga de mercancías, de demolición de casas construidas, de exequias de personas reales, de imposición de sisas, de servicio militar, de reconocimiento de pesas y medidas, etc., en perjuicio del resto de villas colindantes.
 
Los conflictos y pleitos por derechos competenciales fueron extendidos incluso entre villas y Juntas provinciales. Fuenterrabía sigue siendo claro ejemplo, pues esta villa consigue durante el Medievo el privilegio de sissas, por el cual la villa cobra un impuesto por el transito fronterizo franco-español de dinero y determinadas mercancías. Sin embargo, desde la época de los Reyes Católicos la legalidad obraba en favor de las Juntas provinciales para disponer de la “alcaldía de sacas”.
 
Fuenterrabía se amparaba en que la otra orilla del Bidasoa se había convertido en una parte ampliada de la villa ganada al francés, y que por tanto, la licencia de sacas correspondía a su nuevo ámbito de jurisdicción allí establecido, al cual no alcanzan la Provincia. En 1560 la alcaldía demandó ante el Consejo de Castilla contra la Provincia. El derecho de recaudación de esta aduana fronteriza estuvo en pleito durante siglos, en ejercicio de la villa, hasta que en 1713 finalmente la Provincia de Guipúzcoa admite la absoluta jurisdicción de "alcaldía de sacas" a Fuenterrabía.
 
Las tierras de la corona de Castilla, como en la mayoría de los reinos cristianos, se regían por el derecho derivado de Roma y de los ordenamientos germánicos, que no era igualitario ni igualitarista   entre sus territorios. Se establecía una ley general, pero con una concepción cristiana del ser humano que en la práctica, aplicaba un ley concreta para cada grupo o territorio dependiendo de varias razones: de sus circunstancias y del momento, de la generosidad del otorgante del fuero, de las conveniencias del grupo al que se pretendía regir adecuadamente a sus formas de ser.
 
Se eludía la ley general en beneficio de aquella ley que mejor se adaptara a las necesidades de cada grupo humano, llegando incluso a considerarse privilegios, o leyes privadas.
 
El hecho de que Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra tuvieran sus propios ordenamientos forales no es algo extraño ni exclusivo, lo singular es que en estas cuatros demarcaciones, sobrevivieran hasta el siglo XIX, y alternativamente hasta el siglo XXI.