SISTEMA DE AFORAMIENTO TERRITORIAL


SISTEMA DE AFORAMIENTO TERRITORIAL

Los fueros medievales fueron una realidad muy heterogénea en los reinos cristianos hispánicos, pues estaban destinados a grupos tan diversos como estamentos sociales, municipios, profesiones, zonas estratégicas o de fronteras, etc. En el caso de los fueros municipales, su origen y desarrollo estuvo vinculado al proceso de repoblación y fundación de villas y ciudades entre los siglos IX y XV, siendo los fueros municipales o cartas pueblas siempre otorgadas por el rey o un señor para fomentar el poblamiento y la creación de una red de villas y ciudades en sus dominios.

El primer fuero establecido en un reino cristiano peninsular fue el de Brañosera, pequeña localidad del norte de Palencia, al sur de la cordillera cantábrica, con el que en el año 824 se otorgaron una serie de derechos y privilegios a todo aquel que se instalase en dicho término municipal acosado por los musulmanes.

Pero tanto, el origen como el desarrollo posterior de los ordenamientos jurídicos municipales de los reinos, condados y señoríos cristianos hispánicos de la Edad Media fueron determinados por el proceso de Reconquista de la tierra frente a los musulmanes y posterior poblamiento, sin parangón en Europa.

El novedoso sistema de aforamiento municipal consistía ante todo en estas dos operaciones: ocupar primero la tierra y defenderla después. Para que los reyes y señores pudieran hacer realizable esta empresa, era necesario contar con más personas de las disponibles. La ética cristiana de aquella época se oponía radicalmente a la contracepción, por ello no tuvo más remedio que abrirse a las nuevas necesidades de favorecer el número de nacimientos y permitir la descendencia ilegítima, entre otras medidas.

Para conseguir que los campesinos se instalasen en la tierra vacía y la defendiesen después frente a los posibles saqueos e invasiones sarracenas, era necesario concederles condiciones jurídicas más soportables y privilegiadas que las de sus lugares de origen. Surgen aquí dos condiciones pioneras en Europa: dar calidad de beneficio a la tierra que directamente se trabajaba y otorgar a los pequeños propietarios, cada vez más numerosos, los privilegios de la nobleza. El campesino consigue desligarse de sus vínculos de vasallaje y del poder de sus señores feudales mediante la posesión de una tierra reconquistada al moro, ahora es socialmente libre y propietario de terrenos de cultivo.

Estos fueron los alicientes que consiguieron que numeroso vascones y navarros participaran en las contiendas que desarrollaron los reinos de Castilla y Aragón en su labor reconquistadora y fundar villas con toponimia en euskera por la geografía peninsular. Los reinos cristianos peninsulares se expanden hacia el sur como espacios de libertad para el campesinado, mientras que en zonas del norte como en Galicia, en el norte de Cataluña o en las Provincias Vascongadas la servidumbre de los campesinos hacia sus señores feudales se mantenía.

Este modelo de avecinamiento mediante la fundación de villas y la asignación de fueros privilegiados y ventajas fiscales y sociales para sus moradores fue establecido por los reyes de Castilla en los territorios vascongados tras su vinculación a dicho reino y la ruptura con el Reino de Navarra.


1. TRANSFORMACIÓN JURÍDICA Y TERRITORIAL

Desde comienzos del siglo X, una profunda revolución social se estaba produciendo, con distancia en relación con el feudalismo francés, que sólo en Cataluña hace acto de presencia. En todos los demás reinos (incluido en el navarro) el vasallaje no pasaba de ser una relación de fidelidad, anclada precisamente en la lealtad, que garantizaba la benefactoría o behetría a la que podía acogerse también los simples propietarios. Todo esto servía de plataforma a una nobleza de dos niveles: una alta, formada por magnates o potentes directos del rey; y otra baja, formada por simples infanzones, que más tarde serían llamados hidalgos o simples infanzones. De todas formas, seguían siendo numerosos los no propietarios que estaban sometidos a condiciones semejantes a las de los siervos, pero la libertad avanzaba.

La gran operación repobladora, frente a un enemigo islámico que obligaba a recurrir constantemente a las armas, cambiaba muchas de las condiciones sociales. Junto a los nobles vascongados o navarros que participaron en la cruzada y repoblación con sus campesinos para llenar el espacio reteniendo la propiedad o al menos la administración, aparecen comunidades administradas directamente por los propios repobladores que, al ser propietarios libres, reciben en título de vecinos. En muchas villas la administración recaía sobre un colegio de propietarios que solía ser un convento o iglesia denominada conventus publicus vicinorum, y que restablecía el viejo derecho de los ciudadanos romanos.

Se trata de un nuevo modelo social y administrativo que se estaba implantando en los reinos cristianos peninsulares y que sería también contagiado a los otros reinos de Europa.

Los reinos que de este modelo se constituían en el siglo X habían abandonado definitivamente el sistema electivo para designación de sus soberanos. El reino pasaba a definirse como una comunidad de bautizados que ocupaba un determinado territorio todavía no muy rigurosamente delimitado, por lo tanto, el recién fundado Reino de Pamplona consistía en un grupo de hombres católicos adscritos a alguna villa en la órbita de la ciudad de Pamplona.

El rey era definido como el que ejerce una potestad plena que debe considerarse absoluta, no porque sea infinita, sino porque es independiente de cualquier otra potestad. La dependencia, en cambio, se reconocía en relación con el orden moral, ya que las leyes o fueros debían someterse a su vez a la ley divina que está establecida por Dios. De cuando en cuando, imitando la norma de los antiguos Concilios, el rey convocaba una Asamblea o Curia a la que acudían los nobles y grandes eclesiásticos. En ocasiones se la denominaba Aula Plena, Curia, o en el caso de Navarra, Corte Plena.

Esta transformación de la sociedad estamental también alcanzó durante los últimos siglos de la Edad Media al Reino de Navarra y a las Provincias vascongadas, aunque no unificadas al reino de Castilla. Esta transformación se basaba en una naciente burguesía establecida en las ciudades y ordenada bajo un nuevo marco jurídico y social que lo alejaba de la servidumbre al preboste rural y de la dependencia de señores feudales.


La creación de villas y ciudades responde a un complejo entramado de razones económicas, políticas y sociales que varíaban según el momento histórico, circunstancia que resultó aplicable a otras regiones españolas. El resultado, a fines del siglo XIV, fue la existencia de una red urbana que alteró de forma profunda las estructuras del territorio. Se establecían nuevos polos de atracción, potenciándose el litoral mientras en el interior se creaban renovados ejes de expansión. Este fenómeno otorgaba, asimismo, un impulso definitivo a la red de caminos.

Las villas se convierten en eslabones de una red de rutas comerciales en la región y éstas dotan a las zonas urbanas de una nueva dinámica económica y social.


En estas ciudades y villas, muchas de ellas recién fundadas y aforadas por los reyes de Castilla, el pueblo llano obtiene privilegios sociales frente a la servidumbre del preboste rural. Fuera del recinto amurallado se extendía un dilatado término, llamado alfoz, en el que germinaban agrupaciones menores, aldeas y villas que dependían económica, social y administrativamente de la ciudad.

Estos privilegios jurídicos y sociales proporcionaban la protección de la ciudad. Los ciudadanos se encontraban con respecto al rey en una relación de protección, cualquier agresión es considerada como un agravio contra la potestad real. De esta manera se recuperaron los derechos de ciudadanía romana originarios de la Hispania y perdidos en la vuelta a la ruralización tras la caída del Imperio romano. Situación muy favorable en comparación a los habitantes que viven en las aldeas sometidas a los señores feudales o a los monjes.

Por otro lado, formar parte del cuerpo social de una villa implicaba poseer un derecho de vecindad que conlleva exigencias, pues todos los vecinos están sujetos al pago de impuestos municipales para el mantenimiento de la villa, pero también existieron una serie de derechos: la posibilidad de disfrutar de las tierras comunales; el vecino era juzgado por el alcalde y las autoridades reales según el fuero que recibe la villa, lo que, en principio, le libraba de arbitrariedades; se beneficiaba de las exenciones fiscales y penales que la carta foral señalaba; podían ser fiador y testigo en los juicios, siendo su testimonio superior al de la persona forana.

A estos derechos y deberes de ciudadanía, se añade la protección física que otorga el vivir en una sociedad que delimitaba su suelo edificado con una muralla y se dotaba de instituciones de gobierno. Por todo ello, la condición de vecino en los habitantes de la urbe sería enormemente apetecida por quienes no la poseían.

Todos estos aspectos no pasaron desapercibidos a los monarcas castellanos, que vieron en las villas una eficaz herramienta de fortalecer su posición y dominio político territorial. La reacción de los señores de la tierra no se hizo esperar. Desde el siglo XIV, unos recurrieron al enfrentamiento abierto, yendo de forma violenta contra el mundo urbano; otros trataron de introducirse en las villas, adaptando sus economías y formas de vida a la nueva situación, acaparando poco a poco las propias instituciones villanas.

Las ciudades ejercieron el derecho a realizar ferias periódicas, vender sus productos artesanales, agrícolas y ganaderos. De esta manera se generaba un comercio y una próspera burguesía urbana. Los intermediarios extranjeros adquirían los productos autóctonos en las ferias, estos podían beneficiarse también de derechos de protección, pero a cambio debían pagar tasas y portazgos.

En la ciudad se asentaron asociaciones y gremios de mercaderes, muchos de ellos llegados de otros territorios, que permanecieron allí por temporadas o que se instalaron permanentemente amparándose en el pago de sus alcabalas.


Los gremios de comerciantes y artesanos de las urbes (constructores, carpinteros, mercaderes, etc.) son los que liberaron a la sociedad medieval de su condición de siervos sometidos a algún preboste (condes, barones, priores de Monasterios, obispos), pues todos los campesinos y pobladores de aldeas eran siervos de ellos y al unirse en gremios logran cartas del rey para depender directamente del mismo y, por tanto, de una administración civil, con burgomaestres elegidos entre los miembros de los gremios y fuera del alcance de las brutales atribuciones de los señores rurales.

Esta fue una de las grandes razones por las cuales el pueblo llano de los señoríos vascongados pretendió la unión con el Reino de Castilla. Mediante la promesa y condición de la fundación de nuevas villas y ciudades, el campesino rompería su relación de dependencia con el preboste rural, y de servidumbre ilimitada al señor feudal. La ciudad le aportaría un nuevo marco jurídico y social que lo protegía, al mismo tiempo que realizaba actividades comerciales y artesanales, se reunía en asociaciones gremiales y se establecía en una sociedad burguesa. El fuero era una norma puramente urbana y mercantil.

La atracción de los nuevos pobladores a las recién fundadas villas y ciudades se logró mediante la concesión de fueros, cartas de población o cartas de franquicia para los comerciantes y artesanos. Estas cartas pueblas concedidas por el rey de Castilla establecía una dependencia al mismo y por lo tanto a una administración civil que lo alejaba y rompía de la dependencia del señor feudal.

Otro atractivo, a diferencia de tantas ciudades castellanas, es el establecimiento de privilegios forales y leyes excepcionales, como son la exención de determinados tributos, el establecimiento de la hidalguía universal o unas leyes forales propias de los habitantes de la ciudad. Los vizcaínos y guipuzcoanos recibieron del rey la hidalguía universal, que significa que tanto unos como otros, pasaban a ser considerados hidalgos por el hecho de ser vizcaínos o guipuzcoanos, esto quería decir que eran de solar reconocido, de sangre noble y de linaje autóctono, aunque fuesen campesinos y artesanos y pecharan a un sus señores feudales.

Este privilegio foral pretendió un incremento de población y desarrollo socioeconómico en las ciudades vascongadas por motivos estratégicos, pues su colindancia a Francia y sus costas cantábricas les hacía más vulnerables a una posible invasión. Otro impulso a estas ciudades fue la contratación por parte de la Armada y Tercios Reales de gran cantidades de armamento y buques para la colonización en las Indias y la defensa de los territorios del Imperio. El hierro vizcaíno y la madera de roble de los bosques vascos eran muy necesarios para el sostenimiento de toda una infraestructura naval y mercante.

Ante esta continua amenaza francesa, los habitantes aforados estaban exentos de marchar al servicio militar. Como contrapartida a este privilegio, tenían que organizar sus propias levas militares en el caso de una inminente invasión de sus fronteras. Las levas concejiles eran revisiones de tropas formadas por vecinos en edad de ejercer tan noble causa y perfectamente uniformados y armados por sus respectivas Juntas municipales y provinciales. Además de establecer un sistema fiscal de recaudación directa por las Juntas Generales, con libertad para eximir o imponer más o menos tasas.

Para la repoblación de las ciudades se suele aceptar indiscriminadamente a cuantos quieran, exigiendo como condición la de que establezcan en ella sus domicilios, al menos durante un año. Los concejos tenían sus propias autoridades encargadas de ultimar la repoblación y de dirigir la vida económica y jurídica de los municipios; además de contar con sus propias milicias que actuaban con independencia, al frente de las cuales estaba un tenente u otro jefe militar nombrado por el magnate.

En los concejos más importantes se establecieron sedes episcopales, o incluso arzobispados sin son ciudades de mayor importancia. Junto a las órdenes militares, son muchas las sedes episcopales que intervinieron activamente en la repoblación. A pesar de ello, la administración de justicia siempre corría a cargo del juez y de los alcaldes, y no podía estar presente el obispo, para que los que habían de testificar no se sintieran constreñidos.

Los repobladores de estas ciudades eran de origen muy diverso. Además del personal llegado para asentarse en la plaza de nueva fundación, subsistía la antigua población musulmana o judía y, aunque en las ciudades era menos importante, en algunos centros mantenían bajo su control el mercado. Durante la el siglo XVI, esta pequeña población musulmana y judía asentada en ciudades vascas y navarras así como en el resto de España sufrieron la expulsión y destierro.

Los miembros del clero católico gozaron de una consideración social en la Edad Media. Se mantuvo el prestigio adquirido por la Iglesia en siglos anteriores y aun se acrecentó con la gran empresa de la Reconquista por el especial fervor religioso que alentó las campañas guerreras y repobladoras.

Los obispos armaban huestes e iban a la guerra auxiliados por otros clérigos; organizaban en algunos casos la defensa de las ciudades e incluso ocupaban importantes cargos militares en los ejércitos, como fueron los ejemplos de fray Andrés de Urdaneta, Ingancio de Loyola o padre Javier.

Durante los próximos siglos las población de Vascongadas y de Navarra sufrieron el fenómeno de la emigración hacia los territorios reconquistados de Castilla y los colonizados del naciente Imperio español.



2. TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Desde comienzos del siglo X, una profunda revolución social se estaba produciendo, con distancia en relación con el feudalismo francés, que sólo en Cataluña hace acto de presencia. En todos los demás reinos (incluido en el navarro) el vasallaje no pasaba de ser una relación de fidelidad, anclada precisamente en la lealtad, que garantizaba la benefactoría o behetría a la que podía acogerse también los simples propietarios. Todo esto servía de plataforma a una nobleza de dos niveles: una alta, formada por magnates o potentes directos del rey; y otra baja, formada por simples infanzones, que más tarde serían llamados hidalgos o simples infanzones. De todas formas, seguían siendo numerosos los no propietarios que estaban sometidos a condiciones semejantes a las de los siervos, pero la libertad avanzaba.

La gran operación repobladora, frente a un enemigo islámico que obligaba a recurrir constantemente a las armas, cambiaba muchas de las condiciones sociales. Junto a los nobles vascongados o navarros que participaron en la cruzada y repoblación con sus campesinos para llenar el espacio reteniendo la propiedad o al menos la administración, aparecen comunidades administradas directamente por los propios repobladores que, al ser propietarios libres, reciben en título de vecinos. En muchas villas la administración recaía sobre un colegio de propietarios que solía ser un convento o iglesia denominada conventus publicus vicinorum, y que restablecía el viejo derecho de los ciudadanos romanos.

Se trata de un nuevo modelo social y administrativo que se estaba implantando en los reinos cristianos peninsulares, y que sería también contagiado a los otros reinos de Europa.

Los reinos que de este modelo se constituían en el siglo X habían abandonado definitivamente el sistema electivo para designación de sus soberanos. El reino pasaba a definirse como una comunidad de bautizados que ocupaba un determinado territorio todavía no muy rigurosamente delimitado, por lo tanto, el recién fundado Reino de Pamplona consistía en un grupo de hombres católicos adscritos a alguna villa en la órbita de la ciudad de Pamplona.

El rey era definido como el que ejerce una potestad plena que debe considerarse absoluta, no porque sea infinita, sino porque es independiente de cualquier otra potestad. La dependencia, en cambio, se reconocía en relación con el orden moral, ya que las leyes o fueros debían someterse a su vez a la ley divina que está establecida por Dios. De cuando en cuando, imitando la norma de los antiguos Concilios, el rey convocaba una Asamblea o Curia a la que acudían los nobles y grandes eclesiásticos. En ocasiones se la denominaba Aula Plena, Curia, o en el caso de Navarra, Corte Plena.

Esta transformación de la sociedad estamental también alcanza durante los últimos siglos de la Edad Media al reino de Navarra y a las provincias vascongadas unidas, aunque no unificadas al reino de Castilla. Esta transformación se basa en una naciente burguesía establecida en las ciudades y ordenada bajo un nuevo marco jurídico y social que lo aleja de la servidumbre al preboste rural y de la dependencia de señores feudales.


La creación de villas y ciudades responde a un complejo entramado de razones económicas, políticas y sociales que varían según el momento histórico, circunstancia que resulta aplicable a otras regiones españolas. El resultado, a fines del siglo XIV, es la existencia de una red urbana que alteró de forma profunda las estructuras del territorio. Se establecen nuevos polos de atracción, potenciándose el litoral mientras en el interior se crean renovados ejes de expansión. Este fenómeno otorga, asimismo, un impulso definitivo a la red de caminos.

Las villas se convierten en eslabones de una red de rutas comerciales en la región y éstas dotan a las zonas urbanas de una nueva dinámica económica y social.


En estas ciudades y villas, muchas de ellas recién fundadas y aforadas por los reyes de Castilla, el pueblo llano obtiene privilegios sociales frente a la servidumbre del preboste rural. Fuera del recinto amurallado se extiende un dilatado término, llamado alfoz, en el que germinan agrupaciones menores, aldeas y villas que dependen económica, social y administrativamente de la ciudad.

Estos privilegios jurídicos y sociales proporcionan la protección de la ciudad. Los ciudadanos se encuentran con respecto al rey en una relación de protección, cualquier agresión es considerada como un agravio contra la potestad real. De esta manera se recuperan los derechos de ciudadanía romana originarios de la Hispania y perdidos en la vuelta a la ruralización tras la caída del Imperio romano. Situación muy favorable en comparación a los habitantes que viven en las aldeas sometidas a los señores feudales o a los monjes.

Por otro lado, formar parte del cuerpo social de una villa implica poseer un derecho de vecindad que conlleva exigencias, pues todos los vecinos están sujetos al pago de impuestos municipales para el mantenimiento de la villa, pero también existen una serie de derechos: la posibilidad de disfrutar de las tierras comunales; el vecino es juzgado por el alcalde y las autoridades reales según el fuero que recibe la villa, lo que, en principio, le libra de arbitrariedades; se beneficia de las exenciones fiscales y penales que la carta foral señala; puede ser fiador y testigo en los juicios, siendo su testimonio superior al de la persona forana.

A estos derechos y deberes de ciudadanía, se añade la protección física que otorga el vivir en una sociedad que delimita su suelo edificado con una muralla y se dota de instituciones de gobierno. Por todo ello, la condición de vecino en los habitantes de la urbe será enormemente apetecida por quienes no la posean.

Todos estos aspectos no pasaron desapercibidos a los monarcas castellanos, que vieron en las villas una eficaz herramienta de fortalecer su posición y dominio político territorial. La reacción de los señores de la tierra no se hará esperar. Desde el siglo XIV unos recurrirán al enfrentamiento abierto, yendo de forma violenta contra el mundo urbano; otros tratarán de introducirse en las villas, adaptando sus economías y formas de vida a la nueva situación, acaparando poco a poco las propias instituciones villanas.

Las ciudades ejercen el derecho a realizar ferias periódicas, vender sus productos artesanales, agrícolas y ganaderos. De esta manera se genera un comercio y una próspera burguesía urbana. Los intermediarios extranjeros adquieren los productos autóctonos en las ferias, estos pueden beneficiarse también de derechos de protección, pero a cambio deben pagar tasas y portazgos.

En la ciudad se asientan asociaciones y gremios de mercaderes, muchos de ellos llegados de otros territorios, que permanecen allí por temporadas o que se instalan permanentemente amparándose en el pago de sus alcabalas.


Los gremios de comerciantes y artesanos de las urbes (constructores, carpinteros, mercaderes, etc.) son los que liberan a la sociedad medieval de su condición de siervos sometidos a algún preboste (condes, barones, priores de Monasterios, obispos), pues todos los campesinos y pobladores de aldeas eran siervos de ellos y al unirse en gremios logran cartas del rey para depender directamente del mismo y, por tanto, de una administración civil, con burgomaestres elegidos entre los miembros de los gremios y fuera del alcance de las brutales atribuciones de los señores rurales.

Esta fue una de las grandes razones por las cuales el pueblo llano de los señoríos vascongados pretende la unión con el Reino de Castilla. Mediante la promesa y condición de la fundación de nuevas villas y ciudades, el campesino rompería su relación de dependencia con el preboste rural, y de servidumbre ilimitada al señor feudal. La ciudad le aportaría un nuevo marco jurídico y social que lo protege, al mismo tiempo que realiza actividades comerciales y artesanales, se reúne en asociaciones gremiales y se establece en una sociedad burguesa. El fuero es una norma puramente urbana y mercantil.

La atracción de los nuevos pobladores a las recién fundadas villas y ciudades se logra mediante la con cesión de fueros, cartas de población o cartas de franquicia para los comerciantes y artesanos. Estas cartas pueblas, concedidas por el rey de Castilla, establece una dependencia al mismo y por lo tanto a una administración civil que lo aleja y rompe de la dependencia del señor feudal.

Otro atractivo, a diferencia de tantas ciudades castellanas, es el establecimiento de privilegios forales y leyes excepcionales, como son la exención de determinados tributos, el establecimiento de la hidalguía universal o unas leyes forales propias de los habitantes de la ciudad. Los vizcaínos y guipuzcoanos reciben del rey la hidalguía universal, que significa que tanto unos como otros, pasan a ser considerados hidalgos por el hecho de ser vizcaínos o guipuzcoanos, esto quería decir, ser de solar reconocido, de sangre noble y de linaje autóctono, aunque fuesen campesinos y artesanos y pecharan a un sus señores feudales.

Este privilegio foral pretende un incremento de población y desarrollo socioeconómico en las ciudades vascongadas por motivos estratégicos, pues su colindancia a Francia y sus costas cantábricas, les hacía más vulnerables a una posible invasión. Otro impulso a estas ciudades fue la contratación de por parte de la Armada y Tercios Reales de gran cantidades de armamento y buques para la colonización en las Indias y la defensa de los territorios del Imperio. El hierro vizcaíno y la madera de roble de los bosques vascos eran muy necesarios para el sostenimiento de toda una infraestructura naval y mercante.

Ante esta continua amenaza francesa, los habitantes aforados estaban exentos de marchar al servicio militar. Como contrapartida a este privilegio, tenían que organizar sus propias levas militares en el caso de una inminente invasión de sus fronteras. Las levas concejiles eran revisiones de tropas formadas por vecinos en edad de ejercer tan noble causa y perfectamente uniformados y armados por sus respectivas Juntas municipales y provinciales. Además de establecer un sistema fiscal de recaudación directa por las Juntas Generales, con libertad para eximir o imponer más o menos tasas.

Para la repoblación de las ciudades se suele aceptar indiscriminadamente a cuantos quieran, exigiendo como condición la de que establezcan en ella sus domicilios, al menos durante un año. Los concejos tienen sus propias autoridades encargadas de ultimar la repoblación y de dirigir la vida económica y jurídica de los municipios; además de contar con sus propias milicias que actúan con independencia, al frente de las cuales está un tenente u otro jefe militar nombrado por el magnate.

En los concejos más importantes se establecen sedes episcopales, o incluso arzobispados sin son ciudades de mayor importancia. Junto a las órdenes militares, son muchas las sedes episcopales que intervienen activamente en la repoblación. A pesar de ello, la administración de justicia siempre corría a cargo del juez y de los alcaldes, y no podía estar presente el obispo, para que los que habían de testificar no se sintieran constreñidos.

Los repobladores de estas ciudades eran de origen muy diverso. Además del personal llegado para asentarse en la plaza de nueva fundación, subsistía la antigua población musulmana o judía y, aunque en las ciudades era menos importante, en algunos centros mantenían bajo su control el mercado. Durante la el siglo XVI esta pequeña población musulmana y judía asentada en ciudades vascas y navarras así como en el resto de España sufrirá la expulsión y destierro.

Los miembros del clero católico gozaron de una consideración social en la Edad Media. Se mantuvo el prestigio adquirido por la Iglesia en siglos anteriores y aun se acrecentó con la gran empresa de la Reconquista, por el especial fervor religioso que alentó las campañas guerreras y repobladoras.

Los obispos armaban huestes e iban a la guerra auxiliados por otros clérigos; organizaban en algunos casos la defensa de las ciudades e incluso ocupaban importantes cargos militares en los ejércitos, como fueron los ejemplos de fray Andrés de Urdaneta, Ingancio de Loyola o padre Javier.

Durante los próximos siglos las población de vascongadas y Navarra sufrirá el fenómeno de la emigración hacia los territorios reconquistados de Castilla y los colonizados del naciente Imperio español.