FORALISMO EN EL CONSTITUCIONALISMO


Las Diputaciones Provinciales vascongadas acordaron con el gobierno liberal la confirmación de los Fueros vascongados, mediante la Ley de 1839, sin perjuicio de la unidad constitucional. Sus fueros no se adaptaron, sino que permanecieron intactos hasta 1876, año en el cual Cánovas los suprimió y adoptó los Conciertos Económicos.

La Diputación de Navarra negoció la pérdida de la condición de Reino por la de Provincia Foral con una amplísima autonomía administrativa, mediante la Ley Paccionada de 1841. En los sucesivos sistemas de regionalización o reintegración foral en los siglos XIX y XX, Navarra se negó a participar en un ámbito político unitario vasco-navarro, nada más que al ámbito de pertenencia a la monarquía común.

Pactos de las Diputaciones Provinciales con el Gobierno Liberal y Proceso de adecuación de los sistemas forales en el nuevo estado constitucional: Los fueros aseguraban el derecho a la autonomía de los territorios vascos, pero no el derecho de autodeterminación del País Vasco como una comunidad política unitaria. Estos garantizaban exenciones fiscales y militares, dentro del régimen común que aún distinguía hidalgos de los pecheros. Y las provincias vascas, en razón a su adhesión a Castilla gozaban de hidalguía universal.  


Cuando se habla de derechos históricos se está reconociendo implícitamente la pluralidad de los mismos. El intento de manipular la voluntad popular y de constituir una Euskal Herria de 4 territorios unidos con un estatuto de autonomía viene de 1933, cuando fue aprobada por referéndum, pero rechazada tal posibilidad en Navarra. 

El carlismo fue el movimiento político que mejor supo aunar en su ideología la defensa de estas peculiaridades forales. Sin embargo, en la primera guerra carlista cuando se firma el Convenio de Vergara que establece la paz en el territorio vasconavarro bajo dominio carlista, se puede realizar por el compromiso de los carlistas vascos, pero no así de los navarros, cuyos principales dirigentes fueron fusilados unos días antes en el Santuario del Puy de Estella, por orden del general Maroto.
 
En el Convenio de Vergara se acuerda eliminar ciertas particularidades forales para adecuarlas a la Constitución de 1837, según se reflejaría en el Decreto de Confirmación de Fueros de 1839, con el compromiso de respetar los fueros tanto vascos como navarros, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía.
 
Posteriormente, Navarra llegaría a un acuerdo con el gobierno mediante la ley paccionada de 1841, en la cual se establecía de forma definitiva la compatibilidad del régimen foral con el gobierno constitucional.

Navarra aceptaba acomodar su sistema a la unidad constitucional. Con arreglo al art. 2 de la ley de 1839, negoció con el gobierno y concluyó el 10 de diciembre de 1840 un acuerdo, que fue sometido a la ratificación del parlamento y promulgado mediante ley del 16 de agosto de 1841. 

La diputación liberal de Navarra llegó a la conclusión de que no se podía mantener la estructura constitucional transformando la soberanía política en autonomía foral.

Y aceptan los navarros la desaparición de las Cortes, el virrey, el consejo real, aduanas, diputación del reino, pero manteniendo una amplia autonomía regida por una diputación foral, que ha pasado en la actualidad a denominarse gobierno foral.

La distinción viene de que los territorios vascos disfrutaban de un régimen foral dentro de la soberanía indiscutible de Castilla. El caso navarro era diferente, porque disponía de la organización política de un Estado semi-soberano, sometido a Castilla desde 1515. Navarra hasta 1839, constituyó un reino con leyes, jurisdicción y gobierno propios, sin poseer órganos comunes con Castilla, excepto la figura del monarca común que era representado por su Virrey, y sometido a la Corona de España. 

Resumiendo: La situación de equilibrio político e institucional comienza a deteriorarse en la segunda mitad del siglo XVIII, con la política centralizadora de los Borbones, que provocará una tensión creciente que estallará en 1833 con la Primera Guerra Carlista.

El conflicto militar concluirá en 1839, con el armisticio de los carlistas, y desde el punto de vista institucional y político tendrá su plasmación en 1841 en la llamada Ley Paccionada Navarra, en virtud de la cual el secular Reino de Navarra se integra, con el rango de Provincia Foral, en el estado liberal, al tiempo que mantiene todavía instituciones y leyes de su secular régimen foral, el sistema privativo de los navarros como reino independiente y, a partir de 1512, como reino incorporado a la corona española.
 
Con la Ley Paccionada de 1841, Navarra perdió prerrogativas, como la exención del servicio militar y la acuñación de moneda propia, así como el traslado de las aduanas del Ebro a los Pirineos. Sin embargo, la provincia seguía reteniendo amplia autonomía fiscal, administrativa y tributaria.

En ministro Germán Gamazo, durante el gobierno de Sagasta, en 1893, intentó suprimir la autonomía fiscal de la Ley Paccionada. Se produjo una reacción popular e institucional denominada como Gamazada. Esta normativa no se llegó a aplicar debido a que el ministro dimitió por otras razones, entre otras, por la rebelión en Cuba de 1895.
 
Esta situación peculiar se mantuvo durante la Restauración, la II República y el Franquismo.

Con la democracia, tras la Constitución española de 1978, el régimen foral de Navarra se integra en el nuevo sistema institucional merced a la Ley Orgánica de Reintegración.