FUEROS E INSTITUCIONES EN LA EDAD MODERNA


LAS PROTECCIONES FORALES DE LOS REYES CATÓLICOS

Durante los primeros años del reinado de los Reyes Católicos, las provincias vascongadas seguían sufriendo los saqueos y crueldades de los nobles banderizos. Conocidos también como parientes mayores, estos señores feudales obligaban por la fuerza a los habitantes de la villa de Azcoitia a formar parte de sus luchas sangrientas. Los banderizos nombraban a los alcaldes y oficiales de dicha villa, con lo cual estos daban todo tipo de sentencias y órdenes para despojar a sus habitantes de sus propiedades. Igualmente, los banderizos saqueaban las iglesias y confiscaban los diezmos a los clérigos para seguir costeando sus interminables guerrillas.

Ante esta situación, los vecinos de Azcoitia suplicaban a los Reyes Católicos que aprobaran ordenanzas para la pacificación de la comarca y la protección respecto a los terribles jauntxos rúales. Así, en 1482 desde Sevilla,, los reyes castellanos aprobaron las ordenanzas municipales de la villa guipuzcoana de Azcoitia, a petición de sus vecinos.

Una de estas medidas fue  que mandaran a los linajes de parientes mayores más díscolos y poderosos a combatir contra los moros en la Guerra de Granada durante tres años. Al llevarlo a efecto, la experiencia militar de estos levantiscos nobles fue aprovechada para terminar en 1492 con el proceso de Reconquista. Posteriormente, muchos de estos linajes nobiliarios vascongados participaron en las guerras de Italia y Flandes, y en la colonización de América y Filipinas.

Por tanto, los Reyes Católicos no sólo eliminaron las crueles guerras de banderizos que asolaron las villas y los campos vascos durante dos siglos, sino que utilizaron sus energías para canalizarlas en empresas comunes tan características de la hispanidad, como fueron la Reconquista, la lucha por la unidad católica de Europa frente al Protestantismo, y la colonización y la evangelización del Nuevo Mundo.

Poco después, en 1487, y en este mismo sentido, Fernando el Católico mandó al licenciado Chinchilla que redactase unas ordenanzas para Bilbao, las cuales se hicieron extensas a los distritos colindantes.  

Igualmente, en 1490, los Reyes Católicos aprobaron unas ordenanzas municipales en 1490 para la villa guipuzcoana de Mondragón (Arrasate), por las cuales se ordenaba de manera expresa el cese de las luchas entre los bandos de Guraya y Báñez. Se ordenaba que los habitantes de Mondragón dejaran de pertenecer a cualquier bandería para formar un cuerpo vecinal unido y pacífico. De esta manera, desaparecieron los bandos en Mondragón.

También, en 1490, los Reyes Católicos sancionaron unas ordenanzas para la villa guipuzcoana de Vergara, con el objetivo de acabar con las banderías de las casas de Ozaeta y Gaviria y para que formasen un cuerpo unido. Además, exigieron que estas ordenanzas se extendieran a los territorios delimitados por las parroquias de Oxirondo y Usarraga.

Al año siguiente, en 1491, los Reyes Católicos favorecieron con una licencia de gran importancia a la villa guipuzcoana de Segura, por la que sus vecinos podían organizar un mercado todos los martes durante 25 años y que eximía del pago del pago del impuesto de la alcabala por tráfico de mercancías a los comerciantes que acudiesen. La villa de Segura se benefició de estos privilegios por haber servido con fidelidad a los Reyes Católicos en las diferentes guerras de su política internacional.

Por último, en 1501, los Reyes Católicos otorgaron carta real a las Encartaciones de Vizcaya, extendiéndose esta misma ley al Reino de Galicia, Principado de Asturias y villas y tierras de Álava y Guipúzcoa, acabando definitivamente con las luchas entre banderizos.



ORDENAMIENTO JURÍDICO DE NAVARRA

Tras la anexión de Navarra en 1512, Fernando el Católico y Carlos V trataron de incorporar el reino de Navarra en unión “principal” al de Castilla, sin subordinación. Estas disposiciones constituyeron un principio de legal que había que aplicar, consistente en definir unas instituciones y elegir a las personas adecuadas para desempeñar los cargos. Este proceso implicaba todo un desarrollo jurídico desde el principio que había quedado establecido en 1513-1516.
El primer paso lo había dado ya Fernando el Cólico, al nombrar un primer virrey, gracias a la creación de la institución del virrey, basada en el derecho aragonés.
En aquellos años, la creciente y compleja administración de la Monarquía española estaba dando lugar a la creación de unos Consejos, para cada uno de los asuntos principales de gobierno (Castilla, Aragón, Inquisición, Órdenes, Cruzada, etc.), compuesto de nobles con formación política y jurídica, denominándose más tarde sistema “polisinodial”.
Fernando el Católico planteó que Consejo tendría competencias sobre los asuntos de Navarra, resolviéndolo Carlos V con la creación de un Consejo Real, el Consejo de Navarra, en lugar de otorgar competencias a Castilla. Tan determinante como paradójico, pues Navarra estaba incorporada al mismo nivel que el de Castilla en la Monarquía española. Durante más de tres siglos, no faltaron momentos en los que el Consejo de Castilla se entrometiera en los asuntos de Navarra, y el Consejo de Navarra en los asuntos de Castilla.
En el siglo XVI, se abrió en proceso lento de definición fáctica y jurídica, para decidir qué cargos podrían ser asignados a extranjeros (no navarros) en el sentido jurídico, y qué cargos quedaban reservados a personas de origen navarro.

Pero este ordenamiento jurídico navarro, provocó el problema inverso en Castilla. No se entendía que los navarros pudieran ocupar cargos en la administración civil, militar o eclesiástica en el resto de la Corona Castellana, los mismos cargos que en la administración navarra quedaban exclusivos para navarros. No solo esto, dentro de la corona de Castilla, los navarros también consiguieron que gozar de las mismas prerrogativas que el resto de castellanos.



EL FUERO DE GUIPÚZCOA  

Guipúzcoa se regía por la recopilación formada en Tolosa en 1583, la cual fue aumentada y corregida en 1692, por encargo de la provincia, imprimiéndose en 1696 con el título de Nueva recopilación de los fueros, privilegios, buenos usos y costumbres, leyes y ordenanzas de la muy noble y muy leal provincia de Guipúzcoa.

La Junta General, compuesta de 57 miembros elegidos por las 57 alcaldías, se reunía todos los años en julio para redactar las nuevas leyes que reclamase el interés público. Antes de disolverse delegaba sus poderes en cuatro diputados generales, que debían tomarse de las ciudades de San Sebastián, Tolosa, Azpeitia y Azcoitia.

El diputado general de la población en que residía aquel año el corregidor, en unión con su adjunto y los dos primeros capitulares de la misma, formaban la Diputación Ordinaria que entendía en todos los negocios de la provincia que no fuesen de gran entidad; para éstos había de convocarse la Diputación Extraordinaria, compuesta de los cuatro diputados generales, la cual había de reunirse además, dos veces cada año.

El corregidor o juez supremo, presidente de la Diputación y de la Junta, aunque sin voto, era elegido por los mismos naturales, y había de residir tres años en cada uno de los pueblos antes mencionados.

Los Guipuzcoanos eran nobles y como tales, no prestaban servicios sino a título voluntario; comerciaban libremente con Francia, Inglaterra y los demás reinos de España, y este tráfico, junto con la industria, era su único recurso por lo reducido y estéril del territorio; tenían el privilegio de no servir fuera de su tierra, a la que defendían por si mismos en caso de guerra con Francia o Inglaterra; solo Irún y San Sebastián podían recibir guarniciones reales, y finalmente estaban autorizados los guipuzcoanos para no cumplir las órdenes del rey, contrarias a sus leyes particulares.



EL FUERO DE ÁLAVA

Álava, se regía por el cuaderno de las Ordenanzas de Rivabellosa, que modificaba y ordenaba las antiguas leyes, y fue confirmado por Carlos I en 1537 en las cortes de Valladolid. La provincia se dividía en 53 hermandades, las que el 1º de enero de cada año nombraban los alcaldes, cuya jurisdicción se extendía a los delitos de incendio, asesinato o atentado contra la propiedad.

La Junta General, que se reunía dos veces al año, era firmada por los alcaldes y procuradores de las hermandades, por el tesorero de la provincia y por dos escribanos; en ella se nombraba el diputado general o maestre de campo, y este jefe superior de la provincia, reunía el poder civil y militar y fallaba en última instancia. Dos secretarios y un suplente nombrados por la Junta, le ayudaban en sus funciones y seis miembros de aquella asamblea, le servían de Consejo. El diputado general, era reelegido cada tres años y no daba cuenta de su conducta sino a la asamblea de que era mandatario.

Los alaveses, como los vizcaínos, comerciaban libremente con las provincias limítrofes de Francia y del resto de España. Tenían el privilegio de no servir fuera de su país, y en caso de guerra con Francia, ellos mismos defendían a Fuenterrabía, llave de las provincias, y la frontera de los Pirineos. Lo mismo que los vizcaínos, acataban pero no cumplían las órdenes del rey contrarias a sus fueros. En la provincia no había agente alguno de la autoridad real, puesto que la Junta proveía todos los empleos públicos, y por medio de una compañía de treinta caballos o celadores, ayudados del buen espíritu de los naturales, conservaba en todas partes el orden y la tranquilidad.



EL FUERO DE VIZCAYA

Vizcaya tenía su libro de fueros, franquicias, libertades, buenos usos y costumbres, confirmado por Carlos I en 1527 y por algunos de sus sucesores. Sus instituciones políticas estaban establecidas en 3 asambleas:

1. La Diputación, compuesta del corregidor y de dos miembros elegidos por la Junta General, estaba encargada de la administración del señorío, repartía los tributos, dirigía la defensa pública en caso de guerra, y en circunstancias graves se constituía en alto tribunal de justicia.

2. El Regimiento constaba de la Diputación y de seis regidores creados por cédula del año 1500. Se reunía una vez al año o más si la Diputación lo juzgaba necesario, y sus funciones eran puramente administrativas.

3. La Junta General se componía de diputados de todos los pueblos de Vizcaya; cada uno elegía los suyos, que acostumbraban a ser sus fieles o sus alcaldes, en una asamblea pública a que asistían todos los habitantes con tal que fuesen vizcaínos de raza pura, mayores de edad y con casa abierta.

El corregidor, nombrado por el rey, presidía la Diputación y votaba con ella; había de ser letrado y vizcaíno de nacimiento, y tenía a sus órdenes tres tenientes, uno de los cuales residía en Guernica con el título de teniente general; uno y otros juzgaban todas las causas civiles y criminales.

Los diputados acudían el día señalado bajo el árbol de Guernica, y después de examinados sus poderes por la Diputación, iban a una ermita inmediata al árbol para prestar juramento y quedaba constituida la Junta. Sus atribuciones eran fijar los gastos públicos, votar los tributos y proveer los empleos vacantes. Se daba cuenta de los asuntos en idioma castellano y se discutían en vascuence.

FUEROS DE VIZCAYA


Los privilegios más importantes del señorío eran los siguientes:

- todo Vizcaíno era noble y gozaba de los derechos anexos a este título, aun cuando dejase su tierra para establecerse en otra de España.
- los vizcaínos no podían ser juzgados fuera de su provincia, ni pagaban mas tributos que los consentidos por la junta a título de donativo gratuito.
- los vizcaínos gozaban de absoluta libertad de comercio y el rey no podía establecer estancos en el señorío.
- cada pueblo tenía sus propios y arbitrios particulares de los cuales disponía con independencia del cuerpo principal, rindiendo sus cuentas al corregidor o a su teniente.
- no podían darse empleos públicos sino a vizcaínos de nacimiento.
- el rey no podía enviar tropas a Vizcaya, y los naturales, que no habían de servir fuera de su territorio a no ser que se prestasen a ello voluntariamente (lo cual hacían los muchos de ellos), estaban obligados a defender su señorío en caso de guerra con Francia. No podía el rey, construir plazas fuertes sin el consentimiento de los habitantes; éstos tenían el privilegio de acatar sin cumplir las órdenes del soberano contrarias a sus fueros, y los reales decretos no eran admitidos, hasta que se presentaban por el corregidor al pase de la Diputación.

Los dos grandes bloques en que Vizcaya aparecía dividida a comienzos de la Edad Moderna son, por un lado, las villas, y de otro, las anteiglesias y tierra llana.

Las villas disponen de sus leyes propias, las cartas pueblas o Fueros de villa, otorgados por los distintos señores y reyes, se rigen por unas normas jurídicas elaboradas y eruditas, que ya en el siglo XIV se habrán jerarquizado en el Ordenamiento de Alcalá. Las poderosas villas mercantiles o marineras, con un desarrollo urbano, como Bilbao, Bermeo, Valmaseda, Durango, etc., debieron sentir cierta superioridad por su situación jurídica y la prosperidad económica que empezaba a asomar.

La Tierra Llana, las anteiglesias o los concejos de las Encartaciones son un conjunta de pequeñas entidades locales que tienen vida autónoma y se reúnen en Guernica para tratar sus asuntos comunes. El Fuero Viejo de 1452, es la primera recopilación escrita de leyes viejas, usos y costumbres.


ALEGORÍA DE VIZCAYA, POR ANTONIO RIGALT
VIDRIERA PRINCIPAL EN EL PALACIO FORAL DE VIZCAYA


El 4 de agosto de 1489, al otorgarse el capitulado de Chinchilla, las villas (celosas del predominio de las anteiglesias en la asamblea de Guernica) acordaron no concurrir nunca a las Juntas Generales "por escusar los alborotos é escándalos é denegación de justicia que suelen acaescer é notoriamente se han cometido en las juntas de la tierra llana". Pesaba a las villas la fuerza que en dichas juntas tenían las anteiglesias, mucho más ampliamente representadas, por lo que acordaron que ninguna villa ni ciudad "sea osada de enviar procuradores a ninguna junta que en la tierra llana se faga so pena que la justicia, Fieles, Regidores y Diputados pierdan sus oficios y todos sus bienes y les sean derribadas sus casas".

En esta situación, rotaba, al menos aparentemente, la comunicación entre villas y tierra llana, es ésta última la que intervino exclusivamente en la redacción del más importante cuerpo legal vizcaíno, el llamado Fuero Nuevo de 1526. Como puede verse en las actas, los comisionados que intervieron son exclusivamente los representantes de la Tierra Llana, e incluso cuando los comisionados se reunían en Bilbao, tenían buen cuidado en consignar que lo hacían "fuera de la Noble Villa", en la casa de Martín Sáez de la Naja.

Se discutirá más tarde si son las villas o las anteiglesias quienes representan al Señorío. Pero lo cierto es que en el Fuero Nuevo, que es el Derecho vizcaíno más auténtico, solamente las segundas intervienen. Y resulta notable que las leyes que dictan, sin participación de las villas, van a aplicarse en gran parte también en éstas. El Fuero no es el Código de la Tierra Llana sino la ley básica de Vizcaya entera.

Las villas conservaron su Derecho propio, que el Fuero no altera en nada, pero las bases fundamentales del régimen vizcaíno, lo que puede llamarse Derecho Foral, es el contenido en el texto promulgado en 1526, sin asistencia de los representantes de las villas.

No obstante hay que notar que una buena parte del Fuero (la referente al Derecho Privado) nunca se aplicaría en las villas, porque en ellas el Derecho de Castilla se ha impuesto definitivamente en esta materia. El Fuero en las villas se aplicaba solamente en lo que atañe al Derecho Público, con la única salvedad de lo dispuesto en la ley 15 del Título.

La característica más destacada del Fuero fue ser fruto de la costumbre. No es elaboración de juristas ni copia de leyes extrañas como los Fueros de Villa, sino recopilación de viejos usos que están en la mente de los redactores y en su mayoría tomados del texto del Fuero Viejo.

Es cierto que al nombrarse una comisión de letrados, probablemente formados en Salamanca, tratarán inconscientemente de introducir de algún modo su propia formación jurídica. A veces lo logran (por ejemplo con la intrusión de las Leyes de Toro en la regulación del testamento por comisario) pero, en general, son respetuosos con el viejo Fuero y la costumbre vizcaína es la que prevalece. No obstante, el Derecho castellano ganó una gran batalla (ley 3ª del Título XXXVI) al establecerse que regiría como Derecho supletorio en defecto de las leyes del Fuero.

En consecuencia, el Fuero de Vizcaya es un cuerpo de leyes autóctonas que se han formado a lo largo del tiempo sobre el solar vizcaíno. Esto no significa que falte toda comunicación con otros sistemas jurídicos pues no cabe pensar que el contacto con celtas, iberos, romanos, godos y árabes no haya dejado ninguna huella, pero, en cualquier caso, el Fuero tiene originalidad bastante para constituir un sistema jurídico peculiar.

Si se trata de un Derecho germanizado (o de raíz escandinava como imaginaba García Royo) es cuestión que nunca se esclarecerá. Es cierto que muchas instituciones hacen recordar al Derecho germánico, como, por ejemplo la legítima foral que se asemeja más a la reserva germánica que a la legítima propia, pero tiene matices notables, con la libre elección de heredero, los apartamientos, etc., que la convierten en algo distinto y original. En definitiva, en esta institución como en otras muchas, las mayores semejanzas se producen respecto a otros sistemas de Derecho vecinos, como el navarro, el aragonés, o el de Labourd o Soule.

La intervención de los redactores y, sobre todo, el carácter supletorio de las leyes de Castilla, incrustan en el Fuero vizcaíno un sistema distinto, en gran parte romanizado y muchas veces fundado en principios contrarios a los vizcaínos. Nuestros juristas no han analizado suficientemente las consecuencias del choque de ambos sistemas, pero es lo cierto que el Derecho de Vizcaya resulta muchas veces desnaturalizado cuando se le trata de interpretar con unos principios, no solo extraños, sino en muchas ocasiones, totalmente opuestos.


ESCUDO FORAL DE VUZCAYA


Las instituciones que contiene son:

1. INSTITUCIONES DE DERECHO PÚBLICO

Muchas disposiciones del Fuero son copia casi exacta del Fuero Viejo de 1452. Como en éste domina el Derecho Público la idea de control del poder por parte del Señorío, lo que se pone de manifiesto en instituciones como el juramento del Señor y el pase foral.

El Señor de Vizcaya cuando sucede en el Señorío ha de venir a jurar los Fueros, afirman los dos textos en su primera ley. El juramento es una muestra de que el poder está sometido al Derecho. El juramento, decía Bodin, degrada la potestad soberana para transformarla en aristocracia o democracia (depende de quién puede exigirlo). El juramento es institución muy extendida y en Vizcaya tiene una solemnidad y fórmulas especiales, pues si el Señor no lo presta ni se le pagan tributos ni se le rinde obediencia.

Se llama pase foral la costumbre según la cual las disposiciones del Señor quedan sometidas a un previo examen por las juntas antes de entrar en vigor y si se aprecia que no se ajustan a Fuero no son cumplidas. Esta institución viene recogida en el capítulo XV del Fuero Viejo y se reproduce en la ley 11 del Título I del Fuero Nuevo. Se ordena en ellas que las cartas contrarias a las leyes y Fueros de Vizcaya sean obedecidas y no cumplidas.

En otros lugares, el texto de 1526 es mucho más rotundo y categórico que el Fuero Viejo. Destaquemos aquí los temas de la hidalguía universal y las garantías penales y procesales.
La declaración de que los vizcaínos son todos hidalgos ha preocupado mucho a historiadores y juristas y existe un secreto interés en defender o negar dicha hidalguía según posiciones partidistas. Ha de afirmarse que en el Fuero de 1526 la declaración de la hidalguía de todos los vizcaínos se expresa con una meridiana claridad y de forma reiterada. Todos los vizcaínos son hombres hijosdalgo, se afirma en la ley 13, se repite en la ley 16 y se transparenta en todo el título I. La hidalguía supone, acomodada a la época, una declaración de igualdad civil. Un reflejo de ella es la Ley 12 del mismo Título, según la cual «tormento y amenaza de tormento no se puede dar a vizcaíno».

Pero quizá la creación más importante del Fuero sea el completísimo sistema de garantías judiciales que contiene, y que estaban ya esbozadas en el Fuero Viejo, pero aquí se definen con perfecto orden y nitidez. Siglo y medio antes de la ley inglesa de Habeas Corpus se establece que nadie puede ser detenido sin mandamiento del juez (ley 26 del Título XI) ni por deudas (ley 3 título XVI) que el juez o el ejecutor no pueden acercarse a cuatro brazas de la casa del vizcaíno (ley 4 del título XVI) que nadie puede ser detenido sin ser previamente llamado bajo el árbol de Guernica por treinta días (ley 5 título IX) que cuando el así llamado se presenta hay que entregarle todas las pruebas de cargo para que pueda defenderse (ley 7 título XI) que hasta que se haya resuelto la causa por la que fue llamado no pueda formularse nueva acusación (ley 5 título XI), etc. Este sistema de garantías es la mejor característica de lo que hoy llamamos Estado de Derecho. Allí donde aparezcan la tortura, la detención arbitraria y sin garantías o el procedimiento sin defensa adecuada, ha de hablarse de tiranía y absolutismo, nunca de justicia y derecho.


ESCUDO FORAL DE VIZCAYA


2. INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO

El Derecho Privado de Vizcaya difiere sustancialmente del castellano para acercarse al aragonés o navarro. Podríamos decir que las instituciones básicas son la troncalidad, la libre elección de heredero y la comunicación foral.

La troncalidad, expresada en el aforismo de que el tronco vuelve al tronco y la raíz a la raíz, supone una conexión (ligadura dice Chalbaud) entre la tierra, la casa y la familia vizcaína. El Fuero hace lo posible para que la raíz (la casa, el molino, las tierras) no salgan de la familia. Las pequeñas modificaciones que se introducen en el Fuero Viejo acentúan la troncalidad de tal manera que hoy en Vizcaya la troncalidad tienen una fuerza que no conoce ninguna legislación.

La elección de heredero es una forma de libertad de testar limitada. Hay un grupo de herederos forzosos (los hijos en primer término, luego los ascendientes, después los colaterales) pero entre ellos elige el testador libremente su heredero, apartando a los demás. En realidad el Fuero reduce la libertad de testar que concedía el texto antiguo de 1452 porque en éste se permitía disponer libremente y sin ninguna traba de todos los bienes muebles.

La comunicación de bienes consiste en una comunidad universal entre marido y mujer. Todos los bienes de los cónyuges son comunes a medias «aunque el marido haya muchos y la mujer no nada o la mujer muchos y el marido no nada» (ley 1ª Titulo XX). Lo característico de este régimen foral es la distinción que se establece según haya o no hijos al disolverse el matrimonio. Si hay hijos se opera la comunicación, y todos los bienes, sea cual fuere su origen, se reparten a medias; si ni los hay tampoco habrá comunicación y se aplica el régimen común, hoy el sistema de gananciales.

Estas leyes del Fuero tienen todavía interés porque estuvieron vigentes hasta 1959, fecha en que son sustituidas por la Compilación de 30 de julio de dicho año.


DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA


3. LA EDICIÓN DE DELMAS EN 1865

De las varias ediciones del Fuero se produce aquí la de 1g65. Acaso el bibliófilo hubiera preferido la primera, impresa en Burgos en 1528. Pero para el lector moderno la letra gótica constituye una dificultad que hemos preferido aliviarle.

La edición de Delmas es la última que se realizó mientras las juntas Generales se reunían regularmente y recoge las confirmaciones del Fuero hasta Isabel II.

Está a dos columnas y tiene la chocante originalidad de estar foliada por hojas en lugar de páginas. Pero está impresa en forma esmerada y atractiva con tipos de letra muy legibles.

El impresor Juan Eustaquio Delmas (nació en Bilbao en 1820 y murió en Madrid en 1892) fue impresor del Señorío y publicó muchos libros de tema vizcaíno y en forma cuidada. Esta edición del Fuero se presta más que otras a una reproducción facsímil en forma manejable y de fácil lectura.