PRESENCIA POLÍTICA NAVARRA EN LA CORTE BORBÓNICA


APOYO DE NAVARRA A FELIPE V EN LA GUERRA DE SUCESIÓN

Al comenzar el siglo XVIII, los navarros y vascongados apoyarán al candidato francés Felipe V en la Guerra de Sucesión, pues verán en él, la manera de afianzar sus sólidas posiciones de poder en la Monarquía española, y verán con malos ojos a la nobleza castellana causante de la decadencia de España. Durante este siglo, se produce un notable ascenso y predominio de vascos y navarros en la Corte de los Borbones e instituciones del Estado conocido por Caro Baroja como "la hora navarra".

Es el "Siglo de la luces" o periodo de la Ilustración que se inicia desde el reinado de Felipe V de Borbón en 1699, continua con los reinados de Fernando VI, Carlos III, y termina con el comienzo de la Guerra de la Independencia española en 1808 durante el reinado de Carlos VI, con la culminación del Estado liberal y la aprobación de la primera Constitución en 1812.

El ascenso al poder de la Corte borbónica empezó en la figura del baztanés Juan de Goyeneche, tesorero privado de Carlos II, y luego de Felipe V, quien apoyó al candidato francés proporcionando las necesidades de aprovisionamiento y armamento de los ejércitos reales en los momentos más difíciles de la contienda, frente a los ejércitos del pretendiente Archiduque de Austria. Su aportación fue clave, teniendo en cuenta la tan geoestratégica situación en la que se encuentra Navarra, paso fronterizo entre Francia y España.

Sobre la confianza y lealtad de Goyeneche a  Felipe V se eleva un amplio grupo de élites y familias, socios y dependientes de origen navarro, que se integran como asistentes y arrendadores de las finanzas de la Corona, como secretarios y tesoreros de las casas reales y como gobernantes de la Monarquía. Luego, estos promocionan poderosamente a sus hijos y sobrinos, los colocan como secretarios, gobernadores y virreyes en los territorios coloniales, los sitúan en la jerarquía militar, naval y eclesiástica y, los vinculan en los negocios con las Indias.

Las familias baztanesas que consiguen llegar al poder de la mano de Goyeneche, sustentan las carreras de sus familiares y allegados, en una política de apadrinamiento, y que pasaba por el aprendizaje del castellano, de la lectura, la escritura y la aritmética.

Otro de los cauces de promoción son las cofradías religiosas y congregaciones regionales establecidas por los paisanos en las principales ciudades de la península y de América. La Real Congregación San Fermín de los Navarros y la Real Congregación de las Provincias Vascongadas establecidas en Madrid sirvieron como círculos de sociabilidad para reforzar las relaciones de amistad y de paisanaje. En estos espacios se promocionaron carreras, se ofrecían cargos, se promovían negocios, y se vincularon socios para conquistar mercados y cotas de poder.

Los familiares de la primera generación de financieros y comerciantes establecidos en Madrid a principios del siglo XVIII ejercen simultáneamente cargos en las casas reales, especialmente como secretarios y tesoreros, jugando un papel relevante en la gestión burocrática y económica del palacio. Esta posición les procuraban ventajas para desarrollar una política de influencias y recomendaciones a la hora de gestionar las necesidades materiales y aprovisionamientos del Estado, por ejemplo, contratando directamente a las empresas propias, familiares o asociadas, y cuando así, una próspera red clientelar.

Estas posiciones en la casa real resultaron más ventajosas si simultáneamente se tienen contactos de familiares y asociados en las Administraciones de Hacienda o de las Indias.


En el siglo XVIII la lista de vascos y navarros en la alta administración de las Indias será impresionante, así como en el Ejercito y Armada reales, serán presidentes de Audiencia, gobernadores, comandantes militares, jefes de escuadra y de apostaderos navales, intendentes, arzobispos y obispos, etc. Donde más destacaron fue en el campo de la Real Hacienda (tribunales mayores de cuentas, oficiales reales, intendentes) y en la Real Armada.



ACCESO A LA CORTE BORBÓNICA Y A LAS ESTRUCTURAS DE PODER

Durante el reinado de los Borbones en el siglo XVIII, fueron los vascos y navarros los más fieles servidores del despotismo ilustrado y los que más lejos llegaron en el centralismo y absolutismo borbónico. El cambio de casa real conllevó una serie de reformas administrativas y económicas que supuso un proceso de construcción del Estado burocrático, financiero e ilustrado y que llevó, más tarde en el siglo XIX, al Estado liberal y nación.

La presencia de vascos y navarros fue destacada en la alta administración, especialmente en las administraciones nuevas o reformadas a lo largo del siglo, como las Secretaría del Despacho o las intendencias. En la cúpula del Estado, las Secretarías del Despacho se convierten en el centro del aparato político-administrativo de la Monarquía, origen de los futuros ministerios.

Secretarios del Despacho fueron los vizcaínos Sebastián de la Cuadra, marqués de Villarías (Guerra y después Estado) y José de Quintana (Marina e Indias), el guipuzcoano Juan Bautista de Oredain, marqués de la Paz (Estado), el alavés Eugenio de Llaguno y Amírola (Gracia y Justicia).

Entre los navarros Secretario del Despacho o Ministros fueron Juan Bautista de Iturralde y Gamio, marqués de Murillo (Hacienda), Miguel de Muzquiz y Goyeneche, conde de Gausa (Hacienda), Miguel José de Azanza, duque de Santa Fe, (Guerra y después Hacienda), Nicolás Ambrosio de Garro y Arzcun, marqués de las Hormazas (Hacienda), Casimiro de Uztáriz, marqués de Uztáriz (Guerra) y Sebastián de Eslava y Lazaga, marqués de la Real Defensa de Cartagena de Indias (Guerra).

Estos ministros tuvieron un gran poder efectivo y de una gran capacidad de patronazgo sobre sus parentelas y sus comunidades de origen. Desde sus posiciones en la corte, una serie de baztaneses y guipuzcoanos lideraron algunas de las principales realizaciones de la primera economía capitalista española, como fue la creación de las compañías privilegiadas de comercio o del Banco Nacional de San Carlos.

Estos ilustrados no se circunscribían a sus lugares de origen a la hora de realizar los proyectos nacionales, sino que, desde la corte, lideraron las principales realizaciones de la Ilustración española. Así lo demuestra, por ejemplo, su amplia presencia como directores o miembros de las academias reales, o su papel en la fundación de sociedades económicas, como la Real Sociedad Económica de Matritense, en 1775, de cuyos treinta y un miembros fundadores, al menos dieciséis eran originarios o naturales de las provincias vascas, o pertenecientes a la Bascongada.

Los miembros de estos grupos familiares se reprodujeron en estas administraciones mediante apadrinamiento, como muestra la fuerte concentración de navarros originarios del valle del Baztán en la secretaría de Hacienda, los mecanismos habituales de patrocinio familiar y la endogamia matrimonial y profesional de estas familias propiciaron concentraciones de grupos de parientes y paisanos en determinadas administraciones. Así mismo, en ocasiones se formaron dinastías ministeriales, como las de La Cuadra-Llano o las de Uztáriz-Fajardo, que se reprodujeron en la alta administración a lo largo de varias generaciones.

Los Uztáriz, con Gerónimo de Uztáriz, es el más universal de los Uztáriz por su trabajo: Theorica y práctica de comercio y de marina, publicado en 1742, y que obtuvo varios cargos administrativos de relevancia en la administración central.




REPRESENTACIÓN POLÍTICA NAVARRA EN LA CORTE BORBÓNICA

Navarra, desde su integración en la Monarquía Universal española, tras formar Corona con Castilla en relación de igualdad de reinos "aequae principale" gestionó su gobierno desde las instituciones localizadas en su territorio como el Consejo Real y la Diputación del Reino no solo en su relación con el virrey y las Cortes sino que hubo de relacionarse con el monarca y sus organismos polisinodiales asentados en la Corte.  

Desde la esfera económico-social un grupo de navarros ha triunfado en la Corte, desde la gestión de gobierno o funcionarial un elenco brillante de nombres de igual origen navarro ha ocupado puestos importantes en el gobierno central (ministros, secretarios), en el territorial (virreyes, gobernadores, presidentes de audiencia especialmente en América) y en el eclesiástico (con igual relevancia en obispados americanos fundamentalmente). La nobleza navarra, durante el siglo XVII, se había ajustado fielmente a un cierto perfil de servicio a la Monarquía, plenamente asumido a finales del siglo XVI, y estaba muy satisfecha de sus empleos militares y gubernativos, tanto como el de su origen de sangre. Salvo excepciones, se consideraba honrada con los títulos de sus servicios militares, políticos y religiosos. Además, entendía que esto era lo mejor para el rey y para ella misma. No se vio ningún indicio de "aburguesamiento" de la nobleza que se relacione con la afluencia de dinero sino todo lo contrario. Se trata de la reafirmación de una nobleza profundamente renovada, pero que ha sido reclutada y que se vertebra, básicamente, en torno al ideal de servicio a la Monarquía.

Muchos de estos protagonistas han proyectado navarridad en el Reino de España, han colaborado en el desarrollo institucional de Navarra y concretamente en la relación del viejo reino con la Corte de la Monarquía española.

Para el buen éxito de estas gestiones, en más de una ocasión, la Diputación del Reino recabó de algunos de esos esclarecidos navarros triunfantes en Madrid con capacidad de influencia en la gestión política.


1. RELACIÓN DE NAVARRA CON LA CORTE ESPAÑOLA

El gobierno de Navarra ha estado siempre cohesionado con la Corte dado que diferentes cuestiones se relacionan con el poder central, con el que hay que convenir, o al que reclamar determinados "negocios".

Las relaciones entre el monarca y sus instituciones por un lado, y el reino de Navarra desde sus Cortes y más permanentemente con su Diputación, desde otro, han intentado forjar siempre un equilibrio de poder que el gobierno de un pueblo vinculado a la Monarquía española bajo el principio del pactismo, exigía para  la adecuada y armónica permanencia del mismo en aquella.

Con este fin, las Cortes de Pamplona de de 1797, daban poder a sus diputados "por lo que conviene a la causa pública" para que...
"entiendan en las cosas y casos que conduzcan al beneficio común" y en concreto "puedan entender con los síndicos, y su parecer en los agravios y contrafueros, quebrantamiento de leyes y reparos de agravios que se hicieren a dichos Tres Estados..., o a alguna dignidad..., persona particular o alguna ciudad, villa o lugar de dicho Yllustrisimo Reyno, así por cedulas reales, o en otra cualquiera manera por su Majestad o por su Virrey, o cualquiera otro oficial real o ministro suyo o por otra cualquiera persona que se puede decir o entender ser agravio y en quiebra de los fueros, libertades, usos y costumbres... haciendo las protestaciones, requerimientos, autos, diligencias, o cosas que sean necesarias... con expresa facultad de que a este fin puedan enviar a la Corte de su Majestad correo o correos con las cartas y despachos que fueren necesarios y en los casos que a dichos señores diputados o la mayor parte parezca se agravio de calidad o importancia, puedan nombrar o enviar a uno o más de los diputados o síndicos u otra persona de las llamadas a Cortes o a quien les pereciere para pedir el remedio a la persona real y a los demás que con derecho se pueda y deba."
En este supuesto, entre los asuntos que convenía despachar en la Corte estaban los relacionados con el oficio de depositario general, los expedientes del tabaco y las lanas, el estanco del chocolate, las fábricas de los archivos y servicios.

La Diputación del Reino para éstos y otros asuntos y con motivos bien diversos enviaba legados o comisionados, solicitaba la influencia de navarros en la Corte o nombraba agentes permanentes junto a la Administración central del Estado.


2. PROTOCOLO

El exquisito protocolo seguido por Navarra respecto a acontecimientos relacionados con la monarquía queda reflejado en un buen número de ocasiones en las que la comisión pretendía manifestar la adhesión al Monarca con motivo de su pesar o alegrías por parte de Navarra. Así por ejemplo, con motivo del pésame al rey en 1598 o las enhorabuenas al mismo en 1601, 1605, 1629 entre tantas otras ocasiones.

Existieron diversos ceremoniales e instrucciones sobre exequias y proclamación de rey. Acaecida la muerte del soberano, la repercusión es diferente si estaba o no reunido el reino. En el citado año 1598, al no haber Cortes, se junta la Diputación por mandato del virrey para escuchar la carta de Felipe III de Castilla y V de Navarra en la que se notificaba el fallecimiento de su padre y corroboraba en su puesto al mismo virrey. Éste opinó que como demostración de dolor se hicieran funerales antes del alzar del rey. La Diputación creyó conveniente reunir Cortes, pero el virrey señaló la falta de poder para convocarlas. Los diputados decidieron ponerse de luto y enviar legados al nuevo rey para darle el pésame y besarle la mano como señor.

Por el contrario, al fallecer este monarca las Cortes estaban reunidas y deciden que los diputados se vistan de luto, vayan a visitar al virrey y mandan legados a la Corte.

Los asuntos de la familia real tienen eco en el ánimo de reino que expresaba a través de la Diputación. Viajes de la reina, su muerte o la de sus hijos, bodas y nacimientos de príncipes repercuten en la actuación de la Corporación. Las comisiones enviadas a la Corte estaban formadas por tres miembros a veces con poder limitado por el tiempo y otras con encargos secundarios. En 1601, la comisión iba a felicitar a la reina por el nacimiento de su hijo a la vez que se ocupaba reservadamente de otros negocios. En 1605, como en 1629, otras comisiones de tres diputados se trasladan a la Corte con semejante intención. En 1644 se le une una carta del rey en la que notifica la muerte de la reina Isabel, y en consecuencia se manda a Madrid una persona que de el pésame al monarca. Finalmente en 1679 el obispo de Pamplona en su calidad de diputado, estaba en la frontera con Francia esperando a la nueva reina para darle la enhorabuena por su matrimonio con el monarca español.

Estas adhesiones llegaron a manifestarse incluso por partida doble con motivo de la llegada a la Casa de Borbón en 1701, año en el que en obispo de Pamplona, en su calidad de diputado, dio la bienvenida al rey en nombre de la Corporación y luego ésta mandó a Madrid a dos de sus miembros con idéntico fin.

No cabe duda que la acción cortés de la Diputación obtendrá en más de una ocasión un eco político. La Corporación así lo ve en 1600, en que comenta como un rey anterior se le suplicó que los navarros pudiesen ocupar cargos en Castilla, y ahora, parece oportuno insistir en el deseo, pues los legados venidos del parabien de boda sabían de la buena disposición real en favorecer a Navarra.

No todas estas comisiones se realizaban a la Corte, y aunque no era habitual que el rey pasase por Navarra, el 5 de enero de 1711 la Diputación vio un papel del virrey en el que le notificaba la visita del monarca a Tudela dentro de 3 o 4 días por lo que resuelve ir toda la Comunidad para acudir al besamanos a los reyes. Meses después se repite la cortesía ante la visita de los reyes a Corella.

Aunque no siempre se pudo invitar al rey a visitar Navarra, por falta de medios económicos, como ocurría en 1626 en que el monarca se acercaba a Aragón, el reino procuró se presencia siempre que pasaba por cercanías. En julio de 1802, la Diputación se entera que los reyes van a ir a Barcelona y pasarán algunos días en Zaragoza. Se les invita por medio del Príncipe de la Paz. El rey aceptó y estuvo algunas horas en Tudela en el mes de agosto.

El despacho con el rey llevó, en ocasiones, al comisionado a trasladarse a lugares lejanos, como ocurriría en 1558 cuando, según cuenta en una carta el Mariscal de Navarra al Reino hubo de viajar a Inglaterra y Flandes para solicitar del rey el reparto de unos agravios que se lograron en Bruselas.

En todo caso, lo normal era que los despachos al rey fueran a la Corte y su resolución tuviera episodios diversos en atención al contenido político del asunto. Así en 1523 el emperador Carlos prometió a los mensajeros que le visitaban que remediaría el agravio de los jueces extranjeros "de aquí a medio años a más tardar". La contestación era dilatoria. En cambio, Felipe II enviaba una carta a las Cortes navarras en 1595 en la que decía que le había sido muy desagradable la conducta de Juan de Anaya, virrey interino, que había alojado tropas de Olite y le mandaba que retirara esta gente a la frontera de Castilla "porque mi real intención y voluntad es que de ninguna manera se contravenga a las leyes juradas". Si una contestación era dilatoria y otra es respetuosa con la foralidad, en 1749 la postura de la Administración del Estado por medio del ministro Marqués de la Ensenada, fundaba la negativa a lo representado por el Reino en que "no hay ley, fuero ni ordenanza que haya sujetado a la suprema autoridad a no alterar o formar nuevo método para la administración de la justicia".

La relación del Reino con la realeza tuvo especial tensión durante la época liberal del siglo XIX. En sesión de 13 de febrero de 1834 la Diputación navarra vio un oficio del Comandante General de Navarra Tomás Zumalacárregui en el que fue declara traidora a la institución a la que acusa de vender "el Reyno que le fue confiado a un bajo y vil precio". Ante semejante acusación, el 11 de agosto la Diputación del Reino se dirigió a la reina diciéndole que:
"desde los primeros movimientos acaecidos en este desgraciado país, se pronunció por los justos derechos de la Augusta Hija de Vuestra Majestad, Reina y Señora Doña Isabel, y que durante los diez tristes meses transcurridos ha cooperado a favor de la justa causa, dentro del círculo de atribuciones, a satisfacción de las autoridades superiores que han representado y representan la persona de Vuestra Majestad, se cree hoy en el caso, puesta a Sus Reales Pies de exponerle: Que esta Corporación debe su existencia a las Cortes de este Reino, las cuales elegían sus individuos de sus tres Estamentos... Pero hoy, Señora que Vuestra Majestad ha tenido por conveniente no acceder a la súplica de reunión de Cortes de Navarra y por el contrario ha ordenado la elección de los tres procuradores que representan su población en las Cortes generales de España, con arreglo al Estatuto Real dado por Vuestra Majestad, considera esta Diputación concluida la misión que hacía existir porque no se halla en el caso de las relaciones que eran la esencia de su instituto..."


De la correspondencia entre Pamplona y Madrid se deduce que esta misiva a la reina se suspendió a instancia de los procuradores navarros que opinaban que aún siendo verdad lo que la Diputación decía:
"todavía, no solamente no se ha dicho por Su Majestad que quedan abolidos los fueros de Navarra... sino que al contrario, Su Majestad no ha hecho en el Estatuto Real otra cosa mas que renovar nuestras antiguas leyes, según las cuales los navarros deben conservar sus Cortes y sus Fueros."


AGENTE GENERAL DEL REYNO

El Agente de Navarra fue nombrado por las Cortes de Pamplona por primera vez en 1569 para representar a la misma en las Cortes de Madrid.

El agente recibía la correspondencia de Navarra y actuaba según sus consignas, pero cuando la gravedad del caso lo requería se reforzaba esta presencia del reino ante el rey con la legacía de algún diputado.

El origen del Agente General del Reino se remontaba, pues, al siglo XVI y aunque esta función se realizó generalmente por personas de rango inferior al de diputado, a quienes estaba subordinado, es lo cierto que mediado el siglo XVIII habla un dictamen de la necesidad de que uno de los diputados residiese permanentemente en Madrid en defensa del Reino.

El Agente General, que desempeña su embajada en Madrid fue establecido el 2 de agosto de 1569, día en que se acuerda en Pamplona:
"Lo primero que haya persona deste Reyno en la Corte Real de su Majestad para los negocios que al Reyno se le ofrecerán de Cortes a Cortes, y que la tal persona vaya, acabadas las presentes Cortes y vuelva para el principio de las primeras que se celebrarán en este Reyno, y que el poder se le dé hasta ser acabadas aquellas, y que venida la tal persona y dada cuenta de los negocios que habrá hecho, y siendo el Reyno y los tres Brazos y Estados del, conformes en que vuelva a la Corte, pueda volver a entender en los negocios del dicho Reyno. Lo segundo que se dé poder a la tal persona por el Reyno, como el que se da a los síndicos con su instrucción. Lo tercero que a la tal persona que hubiere de asistir en las Cortes del monarca en elos negocios del Reyno, se le den quinientos ducados en cada un año para su costa. Lo cuarto de cualquier estado que pareciere al Reyno vaya y se dipute la tal persona. Lo quinto que por esta vez vaya y sea tal persona del estado militar, con que esto del nombramiento de agora no se traiga en consecuencia en tiempo alguno para que no pueda ir de cualquiera de los otros Brazos y tres Estados en corformidad de todo el Reyno. Lo sexo que haya seys diputados del Reyno..."

De esta manera se crearon a la vez el Agente general y la Diputación, se reforzaba así la gestión viva y continua del reino en defensa de sus fueros.


1. ELECCIÓN DEL AGENTE

Para hacer la elección de agente se nombraron el día 5 de agosto de 1569 seis individuos del Brazo militar y de ellos se designó uno en suerte, disponiéndose que si enfermara se nombrara uno de los cinco restantes. El primero fue Pedro de Berrio, señor de Otazu, y se le entregaron los despachos el 27 de septiembre de siguiente.

El 18 de septiembre de 1617 "acordaron que el doctor Marquelayn, agente del Reyno en todos los negocios de su instrucción, yaha de guardar las órdenes que le diere la Diputación, porque en todo esto ha de quedar subordinado a los señores diputados, executando lo que le ordenaren, excepto lo que queda reservado al Reyno junto en Cortes generales, y el dicho doctor ha de hacer cuenta con puntualidad de todo lo que se fuere haciendo, a la dica Diputación...", y es que el nombramiento del agente puede hacerlo también la Diputación.

Los Tres Estados de Navarra habían creído tiempo atrás, en 1600, que no era necesaria la presencia del agente, por ello seis años después, por no haber negocios con la Corte, se despide por la Diputación del reino a quien desempeñaba este oficio, y el 9 de mayo de 1653 deciden que se suprima este agente. No obstante, en 1657, se hace nuevo nombramiento de agente a quien se le da una instrucción con asuntos a solucionar.

Se ensayan diferentes formas de elección, en servicio de los intereses del reino y tratando de proteger la gestión de posibles influencias.

Si bien el agente vivía en la Corte, es verdad que con frecuencia era auxiliado por legacías especiales que se trasladaban desde Pamplona y en las que se integraban algunos diputados. También tenía el Agente en la Corte quien se ocupase en favorecer al Reino de Navarra en una serie de señores de prestigio y competencia cerca del monarca. En 1649 el virrey de Navarra Luis Ponce de León notificaba a la Diputación el nombramiento que le hizo el rey de Capitán de las Guardias Españolas por lo que se despedía, a la vez que se ofrecía para ser agente ante el rey de cuanto Navarra necesite y así la pena de su marcha.


2. CLASES DE AGENTES Y SU ELECCIÓN

Pero centrándonos en el agente de nómina nos encontramos en 1751, en que se denominaba Comisario del Reino, que su titular Ventura de San Juan desiste en su empeño porque los de Los Arcos y Ochagavía protestan de que era juez y parte, pero viendo que en su trabajo se benefició mucho el reino, la Diputación acordó escribirle pidiéndole en qué condiciones le serviría.